La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá ha negado este lunes ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. A lo largo de su declaración, ha negado "expresamente" que en el PP de Valencia se produjera ningún tipo de financiación ilegal o existiera caja 'B' y que la secretaria del grupo, María del Carmen García-Fuster le diera cuenta de las aportaciones investigadas.
Según el acta de la declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, Barberá se ha limitado a reconocer que entregó 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros. Se la atribuye indiciariamente un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'.
Sobre los hechos concretos de los que se le acusa, Barberá ha dicho que no sabía si el PP de Valencia manejaba dos cuentas corrientes -una de ellas en B- y si era el depósito residenciado en La Caixa la que recibía las subvenciones pues desconoce "todo absolutamente de las cuentas".
No obstante ha reconocido que, si eras militante era "aconsejable" que aportaras una cuota dado que el partido necesita financiarse, y que la aportación era de 60 euros mensuales y los militantes sin cargo 30 euros, sin que entienda que ello pueda considerarse "financiación atípica".
También ha señalado que "a veces" había aportaciones extraordinarias y que era "típico en Valencia" reservar respecto de la Lotería una parte para el partido. Sobre García-Fuster, ha dicho desconocer las manifestaciones que ésta ha realizado sobre aportaciones muy cuantiosas al PP por parte de terceras personas.
Barberá ha llegado al Tribunal Supremo, acompañada de su abogado José Antonio Choclán y otras dos personas media hora antes de su citación, a las 10.30 horas, si bien el interrogatorio se ha retrasado unos veinte minutos sobre el horario previsto.
Según fuentes jurídicas, la exalcaldesa se ha limitado a contestar a las preguntas que le ha realizado el fiscal Juan Ignacio Campos -que es uno de los fiscales jefe en el alto tribunal-, y a su defensa, y ha rechazado responder a las cuestiones planteadas por la abogada de la acusación popular ejercida por el PSOE, Gloria Pascual.
INSULTOS A SU SALIDA DEL SUPREMO
Tras algo más de una hora de declaración, Barberá ha salido del alto tribunal hacia un taxi que la estaba esperando, donde ha entrado junto con sus acompañantes eludiendo las preguntas de la prensa. Un puñado de personas la esperaba y la ha insultado a gritos de "borracha", "corrupta", "vas a pagar aunque te escondas en el Senado", "no te escondas que lo vas a pagar todo A preguntas del fiscal, Barberá ha aclarado que además de alcaldesa ella forma parte del comité ejecutivo del PP, si bien en el ámbito local no ha tenido cargo alguno. Respecto al grupo municipal, ha explicado que el grupo municial "era el brazo político" de la alcaldía y del gobierno municipal, y era el que se ocupaba de organizar mítines y otros actos.
Ha añadido que en periodos de campaña electoral se formaba un comité del que formaban parte concejales, portavoces y varios militantes, y que su función era la de "sacar votos". No obstante, ha reconocido una "relación constante" con los miembros de este comité, especialmente con los que eran concejales.
En relación con las adjudicaciones a empresas en función de sus aportaciones al partido por los que se ha interesado el fiscal, Barberá ha manifestado que todas los contratos se adjudicaban por una comisión integrada por técnicos municipales, y que era esta mesa de contratación la que hacía la propuesta al órgano que tenía que aprobar el contrato.
PROHIBIDOS EMPRESARIOS EN SU DESPACHO
En este sentido, Barberá ha señalado que no sabe de conversaciones entre el responsable de Imelsa Marcos Benavent -el arrepentido que ha desvelado la supuesta trama- y otras personas respecto a la "limpieza del sistema de contratación", y que no ha intervenido en dichas adjudicaciones ni hablado nunca con ningún empresario que en dicho momento tuviera interés en alguna adjudicación. Es mas, ha dicho que prohibió que entraran en su despacho cuando las propuestas estaban en estudio.
Sobre los 1.000 euros aportados, Barberá ha dicho que no recuerda quien le dijo que tenía que aportarlos, pero sí que eran de carácter voluntario y no había ningún "castigo ni amenaza" a las personas que no contribuyeran. Desconoce también si la medida tuvo éxito, puesto que ella no estaba en el Comité de Campaña, y aunque conoce a las personas que han asegurado que la cantidad le fue devuelta en dos billetes de 500 euros no sabe a qué puede obedece tal manifestación.
A preguntas de su defensa, la senadora ha especificado que no tiene firma en ninguna de las cuentas por las que fue preguntada por el fiscal y que era García-Fuster quien llevaba cotidianamente el funcionamiento del grupo. Respecto a los gastos de campaña en 2015, ha señalado a su vicealcalde Alfonso Grau, y que ni él ni sus colaboradores directos le han hablado nunca de ninguna caja en 'B'.
El pasado 13 de septiembre la Sala de lo Penal del alto tribunal abrió la investigación a la senadora popular siguiendo el criterio del Ministerio Público y designó como instructor del caso al que fue fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
En esta pieza separada del "caso Imelsa", con 47 personas imputadas más el PP como persona jurídica, se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita. La parte de Barberá la ve el Supremo dada la condición de aforada de la exmandataria popular.
