El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Economía del Congreso, Toni Roldán, ha insistido este martes en que el Gobierno que preside Mariano Rajoy va tarde en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y ha asumido que no estarán aprobados hasta febrero o marzo.
"Los ritmos del PP tradicionalmente han sido un poco lentos", ha dicho, en declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press. Sin embargo, ha señalado que su partido está presionando para que el nuevo Gobierno "se active lo más rápido posible". Según ha dicho, no es que su partido esté "nervioso", como les dijo el lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino que después de "un año de interinidad la gente tiene ganas de que se empiecen a hacer cosas".
Roldán ha mostrado su confianza en que el Ejecutivo avance en la dirección pactada entre PP y Ciudadanos en el acuerdo que invistió presidente a Mariano Rajoy. No obstante, ha avisado que "hasta que la negociación no esté cerrada no se puede dar nada por descontado", cuando se le ha preguntado por la bajada del IVA cultural.
En todo caso, Roldán ha señalado que para su partido hay otra serie de medidas "muy importantes" como son: el complemento salarial, el plan de refuerzo educativo contra el fracaso escolar y el plan para aumentar los permisos de paternidad y maternidad.
También ha apostado por mandar una "señal clara" a los ciudadanos de que "no va a haber más recortes en sanidad y educación" y que sí va a haber cambios en burbuja política, duplicidades e hipertrofia administrativa. "Ahí es donde hay que recortar y no en educación y sanidad que son las bases de la economía del futuro e innovación", ha insistido.
AUDITORÍA EXTERNA PARA DETECTAR DUPLICIDADES
En ese sentido, ha asegurado que se puede reformar la ley de administración local para "reducir cargos". A su juicio, si el Estado "quiere financiar una economía moderna, una sanidad moderna y una educación de primera", lo que tiene que hacer es "acabar con el clientelismo".
Para ello, su partido propone llevar a cabo una "revisión del gasto" a través de una "auditoría externa" para detectar duplicidades, una cuestión que, ha dicho, viene recogida en el punto número dos del acuerdo de investidura, que apostaba por una "revisión independiente" del gasto público.
