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Viernes 15/11/2024
 

Almería

Amenazó a joven que denunció agresión sexual para cambiar testimonio

La Audiencia Provincial de Almería le ha condenado a un joven a dos años y ocho meses de prisión por un delito de obstrucción a la justicia

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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a un joven a dos años y ocho meses de prisión por un delito de obstrucción a la justicia ante las coacciones y amenazas que realizó ante una chica después de que la misma interpusiera una denuncia contra varios menores, entre ellos el mismo acusado, por un presunto delito de agresión sexual, a fin de "influir y mediatizar su testimonio en el juicio".

El fallo, consultado por Europa Press y que confirma la sentencia original, rechaza el recurso de apelación del acusado y estima la "firme, estable y rotunda" declaración de la víctima en relación a los hechos a través de su relato "uniforme, persistente y coherente" por el que detalló al menos hasta cuatro episodios en los que fue amenazada a lo largo de un año desde que interpuso la denuncia, en febrero de 2012.

En esta línea, la sentencia apunta que el acusado, siendo mayor de edad, llevó a cabo "conductas reiteradas de instigación y presión" con la víctima para que "modificara su actuación" en el procedimiento, de forma que le lanzó advertencias tanto dentro del instituto en el que ambos estudiaban como fuera, cerca del domicilio de ella y acompañado a veces por otro de los denunciados, que le causaron "temor y desasosiego".

Así, fueron varios los encuentros en los que la víctima recibió amenazas, insultos y desaires por parte del acusado hasta, al menos, enero de 2013. En este sentido, la Sección Tercera de la Audiencia considera adecuada la pena impuesta en primera instancia al tratarse de un delito continuado en el tiempo.

También rechaza el tribunal que consten dilaciones indebidas en la instrucción del procedimiento para rebajar la pena, que además de los 32 meses de prisión, también es de una multa de 3.000 euros, una indemnización de 500 euros por los daños morales y una orden de alejamiento de 300 metros e incomunicación durante cuatro años. El acusado fue absuelto de un delito de amenazas y otro continuado contra la integridad moral.

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