La Audiencia Provincial de Almería va a acoger un juicio contra 28 personas de diferentes nacionalidades acusadas de integrar un red de explotación sexual a través de 13 clubes de alterne diseminados en el Poniente almeriense en los que se identificaron a 165 mujeres de nacionalidad rusa, la gran parte de ellas en situación irregular en España tras haber sido captadas mediante terceros no identificados en su país de origen.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, consultado por Europa Press, los miembros de la supuesta red se habrían servido de contactos comunes para la puesta en marcha de locales ubicados en Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido, especialmente en el núcleo de Santa María del Águila, donde además, en varios casos, también mantenían viviendas en las que albergaban a las mujeres "en condiciones de hacinamiento".
El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y coacciones en distinto grado, de forma que llega a solicitar hasta 33 años y medio de prisión para J.M., la gerente de uno de los locales al considerar que obligó a prostituirse a nueve mujeres, quienes, como el resto, debían abonar una "deuda" por los gastos derivados del viaje y la estancia que oscilaba entre los 750 y los 1.800 euros.
La investigación identifica distintos estratos entre los supuestos miembros de la trama, que van desde los dueños de los clubes, a los encargados, colaboradores y contactadores. Así, señala el papel de A.F., para el que pide 22 años y nueve meses de prisión, dado que "mantenía de forma estable numerosos contactos" en Rusia que le permitía captar a las chicas tanto para un club propio como para terceros. El Ministerio Público le atribuye haber propiciado, al menos, la llegada de once mujeres.
El fiscal señala que las víctimas "no tuvieron otra salida que acceder a lo establecido" por los propietarios de los clubes una vez que llegaban a España "dada su situación económica difícil", el "desconocimiento del idioma" y la "ausencia de personas conocidas o amigas que pudieran ayudarlas", lo que se unía a su situación "ilegal" que les impedía aspirar a otros empleos para abonar la "deuda". En este sentido, sus captores se quedaban con sus pasaportes y el dinero que ganaban en el club.
Los prostíbulos fueron intervenidos y desmantelados entre febrero de 2007 y julio de 2008 por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) bajo mandamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido (Almería), si bien algunos de ellos operaban desde 2004, según se desprende de la fecha de captación de las mujeres.
La mayoría de ellas entraron en el país con un visado de turista y billetes de avión para desembarcar en los aeropuertos de Madrid o Alicante, principalmente, gracias la "colaboración directa" entre personas vinculadas a los clubes y otras no identificadas en Rusia, cuya misión era la de localizar mujeres y "ofrecerles trabajo en España con promesas de mejorar su condiciones económicas".
No obstante, al llegar y ser conducidas hasta Almería, eran conocedoras de que debían alternar con clientes en los locales para que tomaran copas y "en su caso, mantener relaciones sexuales con estos" sin poder "elegir libremente". Eran los encargados de los locales --"en muchos casos los titulares del negocio"-- los que se quedaban con el dinero pagado por el clientes por las consumiciones y el servicio sexual.
PISOS CON 30 CAMAS
Las mujeres eran controladas tanto en el local en el que desempeñaban su trabajo como en las viviendas que se le asignaban y por las que debían pagar un alquiler que se acumulaba a su "deuda". Así, varios de los acusados, según la Fiscalía, eran los encargados de recoger y dejar a las chicas en las viviendas que eran alquiladas o se tenían en propiedad para tal fin.
Los agentes llegaron a intervenir en diferentes casas en zonas cercanas a los locales o en distintas poblaciones. En una vivienda en Santa María del Águila habilitada para "albergar a muchas chicas en condiciones de hacinamiento" hallaron "15 camas con literas, sin lugar para comer ni espacio suficiente para albergar a tantas personas".
Además, según las indagaciones realizadas en la fase de instrucción, los acusados habrían establecido un sistema de "multas" para las mujeres que no vistieran adecuadamente, ya que debían ir con "ropas sugerentes"; llegaran tarde a trabajar, no alternaran "adecuadamente" o salieran de la casa en la que estaban alojadas "sin permiso", puesto que "tenían prohibido" ir a la calle. Esto restaba capacidad a la hora de afrontar la "deuda" impuesta por los miembros de la red.
El escrito del fiscal apunta a que algunas mujeres tras ser captadas y haber llegado a Almería lograron huir a su país después de conocer que debían prostituirse, de forma que se les otorgó protección para que "no recibieran represalias" de la organización. El Ministerio Público interesa el pago total de 315.000 euros a favor de 35 de las víctimas en concepto de responsabilidad civil por los "daños morales" causados a las mujeres, esto es, 9.000 euros a cada una de ellas.
La acusación pide penas que van desde los un año y tres meses para los presuntos autores de un delito de coacciones hasta los 33 años y medio de cárcel, así como diferentes multas económicas. En total, las peticiones del fiscal para los 28 acusados suman 403 años de prisión. La vista se celebrará a partir del 1 de febrero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería y contempla cerca de una veintena de sesiones.
