Los detenidos en el sur de Francia este viernes por la noche en una operación de la Guardia Civil seguían el plan diseñado por lo que queda de ETA para, a través de la destrucción de armas, sortear el anuncio de su disolución tal y como le reclama el Gobierno. Tras negarse a participar en ninguna escenificación propagandística de final dialogado, el Ejecutivo mantiene que los terroristas tienen que pedir perdón y colaborar con la Justicia.
La intención de la banda, según fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press, es que se olvide su pasado criminal para conseguir beneficios penitenciarios para los más de 350 presos etarras al ser consciente de que cada vez le resulta más difícil mantener la unidad en un colectivo en el que en los últimos años se han multiplicado las voces que animan a romper la disciplina y buscar soluciones individuales.
Con el fin de la violencia etarra en 2011 y el nacimiento de Sortu, la izquierda abertzale creó en 2014 Sare para aglutinar diferentes iniciativas en favor de los presos etarras, si bien esta plataforma no ha conseguido restar protagonismo a las tradicionales Etxerat y EPPK. Este último colectivo ha asumido la división interna y ha animado a los reclusos que le dieron la espalda a que se sumen a un proceso de reflexión que busca "vaciar las cárceles".
En paralelo a este proceso, ETA ha explicado en varios escritos que su estrategia pasaba por sortear la exigencia del Ejecutivo de Mariano Rajoy de anunciar su disolución, paso previo para que se pueda reconsiderar la actual política de dispersión de presos. Para ello, la banda terrorista ha ordenado que sean "representantes de la sociedad civil" los que destruyan las armas que todavía no han sido incautadas por las fuerzas de seguridad.
En esta estrategia tutelada por ETA se encuadra la operación 'Seminario' del viernes por la noche de la Guardia Civil en coordinación con la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI) gala y en la que se detuvo en el caserío de Louhossoa a los 'activistas' que había elegido previamente para proceder a una destrucción de armas que frenó en seco el Ministerio del Interior, al entender que no se pueden borrar pruebas cuando hay más de 300 casos sin esclarecer en los tribunales de justicia.
Los detenidos son franceses muy conocidos en el entorno abertzale: los sindicalistas Michel Berhocoirigoin y Jean-Noël Etcheverry, conocido como 'Txetx'; Michel Bergougnian, un viticultor comprometido con este proceso; la periodista y propietaria del caserío, Béatrice Molle-Haran, y su cámara Stéphane Etchegaray.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha abogado por la puesta en libertad de los detenidos después de implicarse "por su propia voluntad" en el fin de ETA. En este sentido, ha criticado que la banda desprecie su oferta para un desarme "con garantías". "No es sólo dejar las armas y destruirlas", ha dicho en Euskadi Irratia, sino "cómo se van a destruir y para qué fueron utilizadas".
ESTRATEGIA DE PROPAGANDA
Además de las habituales críticas desde los partidos de la izquierda abertzale, la operación de la Guardia Civil en el caserío del sur de Francia fue criticada por Podemos. "El desarme de ETA es responsabilidad suya y los Estados deben facilitarlo. Las detenciones en Luhuso obstaculizan mucho este proceso", comentó en Twitter la secretaria general de la formación en Euskadi, Nagua Alba.
Según fuentes de la lucha antiterrorista, la presencia de periodistas en el caserío confirma el plan propagandístico de los terroristas, que querían grabar el proceso de destrucción de armas para hacer ver, implícitamente, que habían ordenado su disolución como banda armada.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aludió el sábado a la dignidad de las víctimas y aseguró que no iban a permitir que ETA 'pilotara' un final en el que no quieren reconocer que han sido vencidos por el Estado de Derecho. "Hay que evitar que se destruyan las armas para poder seguir investigando los hechos delictivos", señaló. Días antes, en el Senado, anunció que el Gobierno seguiría con "la misma" política penitenciaria.
Los investigadores creen que la banda pretendía realizar una escenificación similar a la llevada a cabo en febrero de 2014, en la que miembros de ETA mostraron a representantes de una organización no gubernamental denominada Comisión Internacional de Verificación una paupérrima muestra de armas que, posteriormente, se llevaron los propios terroristas en cajas de cartón, tal y como explicaron en la Audiencia Nacional esos 'mediadores'.
La 'hoja de ruta' de ETA fue refrendada también este sábado por el Foro Social Permanente, que agrupa a diferentes personalidades favorables al final dialogado. Este foro señaló que la voluntad de los terroristas es declarar "lo antes posible que ya no es una organización armada". Tras dar por terminada una fase que llaman de "inventariado y sellado", la banda habría ordenado dar paso a la de "desarme y destrucción de su arsenal".
"NO HA ENTREGADO NI UN CARTUCHO"
Interior ha recordado que más de cinco años después del anuncio del fin de la violencia, y una vez reestructurados sus antiguos 'aparatos', ETA "no ha hecho entrega de un solo cartucho de munición y todo el material que ha perdido lo ha hecho por la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Sin restar el material incautado este viernes por la noche, ETA disponía de un centenar de pistolas y un máximo de tres toneladas de explosivo, según fuentes de la lucha antiterrorista.
"Todo este material será analizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con el objetivo de intentar esclarecer atentados no resueltos", insistió el Departamento que dirige Juan Ignacio Zoido, que 'se estrenó' en el cargo con la detención, el 5 de noviembre, de Mikel Irastorza, considerado máximo dirigente de una ETA derrotada policialmente pero que se resiste a disolverse.
El pasado 12 de octubre, la Guardia Civil asestó otro golpe contra el 'aparato técnico-logístico' aprehendiéndose a unos cien kilómetros al noreste de París de un arsenal con 145 armas cortas, dos fusiles de larga distancia y diversa munición.
