La consellera de Presidencia de la Generalitat, Neus Munté, ha afirmado este martes que el Govern mantiene su voluntad de buscar "incansablemente" un acuerdo con el Gobierno central para celebrar un referéndum sobre el futuro político de Catalunya, pero también persiste en su objetivo de celebrarlo como muy tarde en la segunda quincena de septiembre para no perder el tiempo.
En rueda de prensa este martes tras el Consell Executiu, ha afirmado que es necesario un marco temporal: "No estamos dispuestos a que nos hagan perder el tiempo", ha dicho, insistiendo en que no es contradictorio buscar un acuerdo con el Estado y seguir con la hoja de ruta hacia la independencia.
Ha sostenido que de la reunión del viernes del Pacte pel Dret a Decidir "se visualiza una mayoría política, social y ciudadana" a favor del referéndum, y que el Govern no se aparta de buscar un acuerdo con el Estado ni de la afirmación referéndum o referéndum, que es lo mismo que democracia o democracia, en sus palabras.
Preguntada por qué pasará con el apoyo de los 'comunes' al referéndum si no es pactado con el Estado -la reunión del viernes abogaba por una convocatoria acordada--, ha insistido en que el Govern continuará teniendo la voluntad de pacto, y que le "reconforta la transversalidad y la fuerza que se plasmó el viernes".
Ha añadido que tras la cita del viernes se debe elaborar un manifiesto entre todos los participantes y seguir trabajando para lograr apoyo interno y del Estado al referéndum, pero no se definió un calendario.
PONENCIAS SUSPENDIDAS
Ha lamentado que el viernes se hicieron públicas diferentes decisiones judiciales a las que ha atribuido la "voluntad de tapar un acontecimiento muy importante que fue la reunión del Pacte pel Dret a Decidir": la suspensión de las tres ponencias del Parlament para redactar lo que los soberanistas denominan como las tres leyes de 'desconexión' para avanzar hacia la independencia de Catalunya; la suspensión de parte de la ley catalana de Exteriores, y la fecha de los juicios por el 9N de 2014.
Sobre la suspensión de las ponencias del Parlament por parte del Tribunal Constitucional (TC), ha argumentado que se trata "una vez más de impedimentos a lo que debe ser el normal funcionamiento de una cámara parlamentaria".
