El empresario, fundador de Unión Cordobesa (UCOR) y exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Gómez, acusado junto a sus cuatro hijos de no pagar unos 60 millones de euros en impuestos, ha manifestado este lunes ante el juez que no sabe de temas de contabilidad y que en sus empresas firmaba lo que le ponían por delante los asesores y trabajadores de la oficina, al tiempo que ha apostillado que no sabe qué es el IRPF.
Así lo ha expuesto en el juicio del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba, donde solo ha contestado a preguntas de su abogado y en el que se enfrenta a penas que suman 44 años de prisión, por la supuesta comisión de once delitos contra la Hacienda Pública, tras el presunto impago de unos 60 millones de euros en impuestos durante unos cuatro años, supuestamente por el empresario y sus cuatro hijos.
En este sentido, Rafael Gómez, quien ha subrayado que no tiene "ningún estudio", que no sabe escribir y solo lee "el periódico", ha mantenido que "en ningún momento" se reunió el consejo de administración de las sociedades, ni celebró alguna reunión familiar para abordar las cuentas de sus empresas, así como que "en ningún momento" se metió en temas de contabilidad, porque "no entiendo", han sido sus palabras.
Al respecto, el empresario ha comentado que confiaban en los empleados a la hora de ponerle por delante papeles para firmar. "Pensábamos que era lo justo y considerábamos que eran maravillosos haciendo su trabajo", ha argumentado el exedil de Consistorio.
Igualmente, ha defendido que no se reunió con los auditores, que "en ningún momento" le preguntaron sobre las cuentas de las empresas, según su versión, a la vez que ha resaltado que su cometido era "trabajar, pero nunca me he metido en temas de oficina", ha alegado, para remarcar que "en ningún momento" se han dirigido a él para advertirle de que se hicieran las cosas mal.
"VEÍA LAS COSAS CLARAS"
En concreto, ha detallado que llevaba una empresa de joyería y por "las circunstancias" del momento impulsaron empresas constructoras, con las que hicieron "grandes proyectos", porque, ha agregado, "yo veía las cosas claras", al tiempo que los hijos le "ayudaron", según ha relatado Gómez, quien ha apuntado que sus hijos "no saben ni se han ocupado" de los temas de contabilidad.
También, ha añadido que "nunca" han repartido beneficios, sino que se dedicaban a que "la empresa creciese, crease el mayor número de empleos y que fuese bien", ha indicado el empresario, quien ha valorado que han hecho "cosas maravillosas para las personas de este mundo", a través de la construcción.
Por su parte, la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la Abogacía del Estado, han citado las preguntas que iban a hacerle, entre ellas, si él tomaba las decisiones, si era consciente de tributar, si dio instrucciones a asesores, su nivel de vida y si donó parcelas al Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) y hubo que "rectificar" la operación después, entre otras.
NIVEL DE VIDA "NORMAL"
En relación a los hijos, han declarado que desconocían los temas de contabilidad, porque hacían "lo que los profesionales decían", de modo que confiaban en dichos profesionales que les ponían papeles por delante para firmar, al tiempo que han destacado que el nivel de vida era "normal", con sus casas con hipoteca, entre otros aspectos que han detallado.
Además, han afirmado que "jamás" celebraron una reunión del consejo de administración, ni sabían que hubiera beneficios o pérdidas y que tenían unos sueldos de unos "4.000 euros" al mes, que cobraban "por transferencia", según han declarado los hijos.
Así, uno de los vástagos ha asegurado que no le preocupaba su declaración tributaria, a la vez que ha subrayado que se centraban "en trabajar y la legalidad"; otro de ellos ha señalado que no sabe "cuándo hay que pagar"; el tercero ha dicho que "nunca ha trabajado" en ninguna de las empresas por las que está acusado, y la hija, encargada del planeamiento en urbanismo, ha explicado que "no había nadie que coordinara", ni ha dado instrucciones a auditores.
Tras concluir la declaración de la hija, la madre ha sido llamada por el juez, ante la responsabilidad civil que pudiera tener, por "haber disfrutado de beneficios", ha apuntado el magistrado, aunque no ha declarado al ratificarse en sus testimonios de la fase de instrucción.
DESESTIMACIONES DEL JUEZ
En las cuestiones previas, el abogado de Rafael Gómez ha planteado, entre otros asuntos, que no sean tenidas en cuenta en el procedimiento las actuaciones sobre el Impuesto de Patrimonio del año 2014, porque "la facultad de administrar" en este caso es de la Junta y no del Estado, así como "la prescripción" de los hechos sobre el IRPF del año 2003.
Ante ello, el fiscal ha aseverado sobre el primer punto que "tiene interés suficiente" para la Abogacía del Estado para estar en la causa, de hecho la abogada ha alegado que "la comprobación" de dicho impuesto corresponde al Estado, aunque "la competencia para recaudar es de la Junta". Y sobre el segundo aspecto, el Ministerio Público ha indicado que la notificación sobre los hechos se ha realizado en tiempo, en junio de 2009, a lo que la abogada del Estado ha agregado que "no se puede alegar falta de motivación".
De este modo, el juez ha desestimado dichas peticiones, la primera de ellas porque "el propio Estado tiene interés en la persecución del delito" y la segunda porque "antes de prescribir el delito ya se había dado traslado a los imputados del auto de incoación de diligencias".
SIETE AÑOS DE INSTRUCCIÓN
Cabe señalar que la sesión de esta jornada ha comenzado en torno a las 10,00 horas y terminado pasadas las 13,00 horas. Tras ello, la vista continuará el miércoles con las declaraciones de testigos; la siguiente semana comienza con las exposiciones de peritos y el jueves 26 está previsto que se presenten las conclusiones, todo ello tras más de siete años de instrucción.
En el auto de apertura de juicio se recogen los once delitos contra la Hacienda Pública que se atribuyen a Rafael Gómez por parte del Ministerio Público y la Abogacía del Estado, de tal forma que el fiscal solicita 44 años de prisión para el empresario por supuestamente defraudar 58,3 millones de euros con el supuesto impago de impuestos a través de cuatro empresas.
Igualmente, la Fiscalía acusa a sus cuatro hijos por ocho delitos fiscales, pidiendo para cada uno penas que suman 22 años de cárcel. Además, el Ministerio Público pide en su calificación una multa para Gómez que podría llegar a 350 millones de euros. La actuación se inició por diferentes denuncias de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria y un decreto de la Fiscalía Provincial de junio de 2009.
Los delitos supuestamente se cometieron entre los años 2003 y 2006 a través de las cuatro empresas Arenal 2000, Arenal 2000 de Inversiones, Arenal 2001 y Grupo Inversor Arenal 2000, y se refieren al impago de impuestos de sociedades, de patrimonio y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF). Las cantidades presuntamente defraudadas en cada uno de los once casos por los que se le acusa irían desde 690.000 euros a 25,5 millones, sumando en total 58.388.000 euros.
Como resultado de los impagos, se ordenó el embargo preventivo de propiedades de la familia, entre ellas la sede de Arenal 2000, junto a las naves que construyó sin licencia en 2005 en Córdoba y que le han supuesto una multa de 20 millones de euros a Rafael Gómez, quien fue condenado en el caso 'Malaya' por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
