El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado hoy que el Gobierno andaluz "va a poner en marcha medidas relevantes" frente al acoso en las universidades andaluzas al objeto de "garantizar la seguridad jurídica de todos los actores".
En declaraciones a los periodistas en Huelva, el consejero se ha referido a la información de que la Universidad de Sevilla modificará su protocolo de acoso para evitar que se produzcan más casos como el del catedrático de la Facultad de Educación Santiago Romero, condenado a siete años de prisión por abusos sexuales continuados a dos profesoras y una becaria.
Tras recordar que éste ha sido un caso "reprobable y enormemente desagradable" y resaltar "la valentía y el arrojo" de las víctimas por denunciarlo, el consejero ha precisado que, una vez que las universidades cuentan con este tipo de protocolos -la US fue una de las primeras de España en crearlo- "ahora de lo que se trata es de garantizar que todas las personas acudan a su puesto de trabajo en general, y no digamos en las instituciones académicas, en condiciones de seguridad".
Ramírez de Arellano ha indicado que se está a la espera de que la Hispalense termine de adoptar sus medidas, y después la Junta de Andalucía "se reunirá con las universidades, analizará lo sucedido, y pondremos en marcha medidas relevantes".
Entre estas, ha destacado la ampliación, si es necesario, de los recursos transferidos a estas instituciones para sostener económicamente las Unidades de Igualdad, unos programas que el Gobierno andaluz viene desarrollando desde los últimos dos años, y en un marco en el que "el Gobierno de España ha eliminado las ayudas a estas unidades y las becas relacionadas con igualdad".
"Nos vamos a sentar con las universidad a ver si necesitan más recursos, no sólo para concienciar, que es lo que parece que hay que hacer, sino para hacer más cosas, para llegar más lejos", ha incidido.
El consejero ha destacado que "los protocolos antiacoso no sólo defienden a las víctimas, que es la clave de la cuestión, sino que garantizan la seguridad jurídica de todos los actores; cuando esto sucede en cualquier puesto de trabajo hay personas que se sienten muy afectadas y otras a las que hay que respetar su presunción de inocencia, es un mundo complejo".
