La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), reunida este martes en comisión, ha acordado proponer al Consejo General del Poder Judicial una comisión de servicio sin relevación de funciones como medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que investiga, entre otros, el caso de las audioguías de la Alhambra
La comisión ha decidido proponer al titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada para ocupar dicho refuerzo, según ha informado en un comunicado el alto tribunal andaluz.
A la comisión ofertada se habían presentado el titular de Instrucción 9 y el titular de un Juzgado de lo Penal de Motril.
Ha sido elegido el titular de Instrucción 9 por su mayor antigüedad, ser de la misma jurisdicción y por su cercanía al propio juzgado.
Hasta el momento, el magistrado de Instrucción número 4 de Granada estaba siendo sustituido, según los turnos de las normas ordinarias de sustitución, por el titular de Instrucción 8 de Granada.
Ahora, con esta medida de apoyo, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contará con la sustitución ordinaria, que corre a cargo del titular del Juzgado de Instrucción número 8, y con el refuerzo del titular del Juzgado de Instrucción número 9.
Ambos magistrados tendrán que elaborar, a la mayor brevedad posible, un plan de actuación y distribución de cometidos para colaborar tanto en los asuntos ordinarios como en las causas complejas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 4, con el fin de agilizarlas.
Entre las causas que lleva este Juzgado se encuentra el llamado caso de las audioguías, en el que se investiga a un total de 17 personas y varias empresas por supuestas irregularidades en distintas contrataciones del Patronato de la Alhambra, entre ellos el servicio de alquiler de audioguías del conjunto monumental.
La causa se abrió después de que el pasado 14 de julio de 2015 se admitiera la querella presentada por el Ministerio fiscal contra la entonces directora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, y otras cinco personas más por las presuntas irregularidades cometidas en el servicio de audioguías.
Se investiga la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude en la contratación, tráfico de influencias y cohecho, todo ello, formando organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal.
