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Miércoles 13/11/2024
 
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San Fernando

El Defensor del Pueblo admite la denuncia por carencias de la Policía

3R considera que si la alcalesa no es capaz de asegurar la seguridad de la ciudadanía tomando medidas, la sociedad de San Fernando "debería reprobarla".

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  • Jefatura de la Policía Local.

El Defensor del Pueblo Andaluz ha admitido a trámite la denuncia presentada por Plataforma 3R por las carencias del servicio de la Policía Local en San Fernando, según ha anunciado este partido en una nota de prensa.

La denuncia se interpuso tras los sucesos ocurridos en la calle San Marcos cuando una multitud agredió a dos agentes e incluso hubo amago de quitarle el arma a uno de ellos, “causa-efecto de las graves carencias que está sufriendo la misma, no sólo en medios materiales, sino también en los recursos humanos”.

3R sostiene que la plantilla no cumple con las ratios y estándares de seguridad para 96.000 personas y que incluso se llega a ignorar las mismísimas recomendaciones del Ministerio del Interior, de acuerdo al nivel de alerta antiterrorista que sufre el país en su conjunto, como  no contar con chalecos antibalas para el completo de la dotación, a nivel de ejemplo y que esta formación política pudo conocer en una reunión mantenida con los sindicatos policiales CSIF-SPLI que tuvo como objeto tener conocimiento exacto de los hechos ocurridos y las demandas de este colectivo.

3R dice que la situación “deja ver una vez más” que a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, “ya se le acumulan sus ineficacias para resolver los problemas de la ciudadanía e ignora sus obligaciones”.

Igualmente, 3R ha cursado petición expresa al nuevo Subdelegado del Gobierno de la Nación, de poder ser recibido, con objeto de hacerle coparticipe de este asunto e implicarlo en la solución de la misma, como máximo responsable en Seguridad Ciudadana en la provincia.

3R considera que “si se demostrara una dejación de funciones, en este asunto, que implica hacerlo en un pilar básico de la política municipal y de cualquier servidor público que se precie como tal, y que pueda suponer que usted no sea capaz de garantizar un derecho fundamental de la ciudadanía, como es su propia seguridad, la sociedad isleña en su conjunto debería de reprobarla”, dice refiriéndose a la alcaldesa.

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