La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la petición de archivo realizada por el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas en el marco de la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.
En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se opone de este modo al recurso elevado a la Audiencia Provincial de Sevilla por la defensa de Antonio Rivas contra el auto de 9 de noviembre en el que el juez Álvaro Martín confirmó su condición de investigado en esta pieza separada de los ERE.
En este sentido, Anticorrupción solicita a la Audiencia que rechace el recurso al entender que "a día de hoy se mantienen los indicios en las actuaciones para considerar al recurrente partícipe, desde el desempeño de su cargo como delegado provincial de Empleo en Sevilla, en el mecanismo establecido para lograr beneficios ilícitos derivados de las llamadas sobrecomisiones, incluidas en el precio de las primas de las pólizas suscritas tras la aprobación de los distintos ERE".
Además, considera "en todo caso prematuro, en la fase actual inicial de investigación de esta pieza recién abierta, cualquier decisión sobre archivo, mientras tales indicios no queden totalmente desvirtuados en su caso".
En un auto fechado el 9 de noviembre de 2016, el juez ratificó la imputación de Antonio Rivas en la pieza separada por las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones de los ERE y amplió a 30 el número de personas investigadas en esta pieza.
En el auto, el magistrado rechazó así la petición planteada por la defensa de Rivas, que solicitó que archivara su imputación y planteó si su inclusión en esta pieza separada también respondía a un "error material" de la juez María Núñez Bolaños, como ocurrió en el caso del exconsejero Gaspar Zarrías.
El instructor considera que Antonio Rivas, como delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, "consintió y favoreció el desarrollo de ERE, en los que se empleaban entidades intermediarias a sabiendas de la percepción de sobrecomisiones, como contrapartida a la inclusión de 'intrusos' y a la ausencia de un trámite ordinario en la concesión de las ayudas".
"Sin perjuicio de lo que finalmente pueda acordarse, no cabe apartarlo del procedimiento en este momento, por cuanto el mismo está indiciariamente relacionado con los hechos que se investigan", argumenta el magistrado en este auto.
En el auto, el juez accedió además a la petición realizada por la acusación que ejerce la Junta de Andalucía e imputó a otras 19 personas, entre ellas Carmelo Cruz, cuñado del 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, o el exsecretario de Organización, Finanzas y Comunicación de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines (Fiteqa) de CCOO-A Juan Antonio Florido.
El magistrado, además, atendió la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción en relación a una más concreta narración de los hechos y su vinculación con cada uno de los investigados, "a los meros efectos de integrar en el auto la descripción del contexto de esta investigación, así como de la relación con la misma de los investigados respecto a los cuales se acuerda deducir testimonio".
En este sentido, relata que entre los años 2000 y 2011 "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo" el denominado procedimiento específico, cuyo objeto "era la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada, pero no inferior a 854.838.243 euros", que fueron objeto "de un reparto discrecional o, incluso, arbitrario".
LOS HECHOS
El instructor añade que, "para alcanzar ese fin de distribución, se empleó entre otras técnicas" la de contratación de pólizas de renta colectiva para satisfacer los ingresos que les correspondían a trabajadores que se prejubilaban o quedaban afectados por ERE, no obstante lo cual, "aprovechando estos expedientes y la falta de control administrativo de los procedimientos de concesión de las ayudas, se operó introduciendo personas que no tenían derecho a estas ayudas o afrontando pagos indebidos".
Para lograr tal resultado final, "se precisó de la colaboración de diversas personas y entidades vinculadas con los seguros, las cuales verían remunerada su cooperación a través de la percepción de sumas muy superiores a las medias de mercado por el trabajo realizado", asevera el juez, que indica que "se dio así lugar a lo que ha venido en llamarse sobrecomisiones, cuya existencia, cuantía y participación en su creación y reparto constituye el objeto" de esta pieza separada.
El juez acordó dejar fuera de la pieza a cuatro personas inicialmente imputadas, como son Antonio Garrido Santoyo, Damián Jiménez Rueda, Luis Javier García de los Reyes, y Mariano Martínez Fernández.
Y es que el magistrado entiende que "no existen méritos para vincularlos" con esta pieza, y ello "en la medida en que los mismos presentan la condición de lo que ha venido en denominarse 'intruso', pero no consta que tuviesen intervención directa en la puesta en marcha y funcionamiento de un sistema de cobro y concesión de sobrecomisiones vinculado al mantenimiento de un sistema de concesión de ayudas y subvenciones carente de las mínimas garantías administrativas".
