La Justicia sudafricana declaró hoy "inválida e inconstitucional" la decisión del Gobierno del país de iniciar el proceso para abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), al no haber sido debatida y votada antes en el Parlamento.
El Tribunal Superior de Pretoria describió como "prematura" e "irracional" la forma en que el Gobierno comunicó el pasado octubre a la ONU su intención de dejar la CPI, y concluyó que el Ejecutivo no tiene potestad para emprender esta acción sin el visto bueno del Legislativo.
La Justicia -que se pronunció tras interponer un recurso la opositora Alianza Democrática (AD)- anula por tanto el proceso, aunque el Gobierno puede recurrir la sentencia dictada hoy.
Según el dictamen, leído por el juez Phineas Mojapelo, el Gobierno tiene atribuciones para firmar acuerdos internacionales, pero necesita la aprobación del Parlamento para retirarse de ellos.
Sudáfrica había justificado su decisión de dejar de formar parte del Estatuto de Roma -tratado fundacional de la CPI- al considerar que está "en conflicto" con su ley nacional de inmunidad diplomática y afecta negativamente a sus relaciones internacionales.
Según los expertos, el abandono de la Corte puede hacerse efectivo alrededor de un año después de que el país notifique la puesta en marcha del proceso a la ONU.
Con su decisión -ahora anulada- de dejar la CPI, el presidente sudafricano, Jacob Zuma, se puso a la cabeza del frente de países africanos que han iniciado acciones para abandonar la corte, entre los que se cuentan Kenia, Burundi y Gambia.
Los líderes de estos y otros países del continente acusan a la CPI de perseguir exclusivamente a mandatarios africanos y de servir a intereses neocolonialistas.
El Gobierno de Pretoria desafió abiertamente a este tribunal con sede en La Haya en 2015, cuando se negó a detener al presidente de Sudán Omar al Bashir, que viajó a Sudáfrica para participar en una cumbre de la Unión Africana (UA).
Al Bashir es reclamado por la CPI por supuestos delitos de genocidio y crímenes de guerra, y la Justicia sudafricana determinó entonces que Sudáfrica tenía obligación de detenerlo y entregarlo a La Haya como país firmante del Estatuto de Roma.
