El fiscal Jaime Moreno ha elevado a definitiva su petición de nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por los delitos de prevaricación y desobediencia al organizar la consulta del 9-N, suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).
El Ministerio Público considera que es autor o subsidiariamente cooperador necesario del delito de prevaricación y de desobediencia, por los que solicita la inhabilitación especial por siete años y medio y un año y un mes, más una multa de 30.000 euros, que responde a 200 euros al día durante cinco meses, respectivamente. No obstante, el fiscal solicita que ambos delitos sean penados conjuntamente con la pena de 9 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos.
El fiscal ha hecho pública sus conclusiones definitivas sobre el asunto durante la tercera y última sesión del juicio que acoge desde el pasado lunes el Tribunal Supremo contra el actual parlamentario del PDeCat, que en su declaración en calidad de investigado se escudó en la falta de claridad de la providencia del Tribunal Constitucional para justificar sus acciones.
La defensa de Homs, por su parte, ha pedido la absolución del exconseller de Presidencia.
