El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha citado a declarar en calidad de investigado al que fuera alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), por el llamado 'caso Serrallo', en el que se investiga la construcción supuesta irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.
En un auto fechado el 3 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado ha estimado el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el auto de procedimiento abreviado que dio por concluida la instrucción y dejó a un paso del banquillo a un total de siete personas: la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto (PP), cinco funcionarios y un promotor.
De este modo ha acordado reponer las actuaciones a la fase de instrucción y, entre otras diligencias, cita a declarar al exregidor el próximo 23 de marzo en relación a los supuestos delitos que se investigan en la causa, que son los de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación.
Lo hace al entender que de los informes realizados por la UDEF en el llamado 'Caso Nazarí' --en el que también está investigado el exregidor-- se desprende que éste "tenía pleno conocimiento de las operaciones urbanísticas del Ayuntamiento y participaba activamente en la toma de decisiones, a pesar de la delegación de funciones en materia urbanística".
Los informes policiales, sostiene la jueza, reflejan la existencia de indicios racionales de una trama corrupta en el anterior área de Urbanismo a cuya cabeza habría estado José Torres Hurtado, "siendo él la persona que daría las directrices y estaría en la cúspide de la misma".
En concreto señala la magistrada que Torres Hurtado "tenía conocimiento absoluto de la operación especulativa llevada a cabo en los Espacios Libres del Serrallo y existen indicios de su participación en ella".
Se refiere en su argumentación a los diversos datos que han aflorado en la operación Nazarí vinculados al caso Serrallo, como la declaración del exconcejal de Urbanismo Luis Gerardo García Royo y los correos electrónicos entre García Arrabal e Isabel Nieto "relativos expresamente a esta operación urbanística".
Por todo ello, acepta la jueza la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de traer al procedimiento a Torres Hurtado, mientras que resolverá más adelante, una vez que haya prestado declaración el exregidor, si deberán hacerlo los miembros de la Junta de Gobierno Local que apoyaron actuaciones supuestas ilegales en esta operación urbanística.
También declarará en calidad de investigado a petición del Ministerio Fiscal el interventor municipal por supuestos delitos de fraude en la contratación , malversación de caudales públicos o cooperación necesaria de un delito de prevaricación, una vez que se practique una prueba pericial solicitada a la Intervención General del Estado.
Además, el Juzgado cita a declarar el próximo 20 de marzo al exdirector de Obras Manuel Lorente y al empresario Roberto García Arrabal --ambos investigados ya en esta causa-- para que declaren por un supuesto delito de cohecho, por la contratación de un hijo de Lorente en la entidad mercantil Upper Club SL y Multiaventuras, cuyo administrador ha sido García Arrabal.
Igualmente, como interesa el Ministerio Fiscal, la jueza avanza que en su momento procesal se dirigirá el auto de incoación de procedimiento abreviado contra otro empresario, Enrique Legerén, y demás representantes legales de la sociedad Upper CLUB y Multiaventuras como partícipes a título lucrativo.
En este mismo auto, la magistrada desestima el recurso de reforma que interpuesto la exdirectora general de Urbanismo interesando el sobreseimiento de la causa a su respecto.
Torres Hurtado ya está siendo investigado en el llamado caso Nazarí, en el que fue detenido junto a la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, varios funcionarios y empresarios por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada.
PARCELACIÓN ILEGAL
La jueza consideró en su último auto sobre el caso Serrallo que, a tenor de los hechos investigados, "se ha sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".
De hecho, lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".
Además, añade la magistrada, "a través de las ordenanzas municipales de Edificación y Uso del Suelo aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en mayo de 2013 --que han sido objeto de una propuesta de impugnación por parte de la Consejería de Agricultura , Pesca y Medio Ambiente--, se ha pretendido dar una aparente cobertura legal a los usos y construcciones autorizadas por el Ayuntamiento de Granada en el Sistema de Espacios Libres SG-11".
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ordenó que se tasen los costes de demolición del pabellón de la sala de fiestas y del bar quiosco en el Serrallo Plaza, así como cuánto costaría devolver el suelo afectado a su estado original.
Junto a esta medida cautelar también acordó la suspensión provisional de la licencia de actividad de la discoteca y del citado quiosco, de acuerdo a la solicitud que en este sentido realizó el Ayuntamiento de Granada.
