El ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet ha hecho este viernes uso de su derecho a la última palabra en el juicio por las presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de la lonja para criticar el "descalabro jurídico" sufrido en este procedimiento.
De este modo, Fernando Mellet ha sido el único de los diez acusados que ha hecho uso de su derecho a la última palabra, y lo ha hecho para agradecer a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla, Yolanda Sánchez Gucema, su "profesionalidad, seriedad y formalidad" a lo largo de las 20 sesiones del juicio, que este viernes ha quedado visto para sentencia.
"Vuelvo a creer en la justicia tras nueve años sufriendo este descalabro jurídico", ha dicho el ex director general de Mercasevilla, que, igualmente, ha señalado que, "tras 29 años de ejercicio profesional", ahora comprende a muchos de sus clientes dado "lo difícil que es verse ahí sentado", en relación al banquillo de los acusados.
Asimismo, ha pedido disculpas por si ha podido realizar algún gesto durante la vista oral y al escuchar determinadas declaraciones.
"Es muy difícil quedarse quieto", ha puesto de manifiesto Fernando Mellet, que asimismo ha querido felicitar a su abogado, José Manuel Carrión, por "la seriedad, rigor y profesionalidad" demostrados al ejercer su defensa.
Los otros nueve acusados han rehusado hacer uso de su derecho a la última palabra, aunque algunos, como por ejemplo el exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo, han felicitado a la juez "por el trato exquisito que ha dispensado a todos los acusados".
Además de a Mellet, en este procedimiento están siendo acusados el exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento Antonio Rodrigo Torrijos; el ex director de área de Vía Pública del Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño; el exconcejal socialista Gonzalo Crespo, y la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante.
LA FISCALÍA PIDE DOS AÑOS DE CÁRCEL PARA LOS DIEZ ACUSADOS
También han sido enjuiciados el ex asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero; el economista José Antonio Ripollés; el expresidente de Sando José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, y el exvicepresidente del área inmobiliaria José Luis Miró.
La Fiscalía de Sevilla ha solicitado dos años de cárcel para los diez acusados a cuenta de un presunto delito de fraude y exacciones ilegales, o de manera alternativa un delito societario que habría prescrito en el caso de Torrijos, así como que se declare la nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y de los actos derivados del mismo.
Según considera el Ministerio Público, hubo una "decisión política" para adjudicar a Sanma, filial de Sando, el concurso público para la venta de los suelos, cuyo pliego presentaba "deficiencias técnicas" y estaba hecho "con mucha prisa", como si la decisión "estuviera tomada y el concurso fuera un paripé".
A juicio del fiscal Juan Enrique Egocheaga, "estaba todo preordenado a cumplir una decisión, y es que Sando tenía que hacerse con estos terrenos", destacando que "llama la atención el contrapeso de la calidad, cantidad y preparación de la oferta de Sando y de la del resto", que podrían calificarse de "ofertas de relleno" porque algunas eran de "un simple folio".
"PERJUICIO ECONÓMICO" A MERCASEVILLA
"El fin era favorecer a Sando, y ello causó un perjuicio económico a Mercasevilla derivado de la manipulación del concurso", subrayó el Ministerio Público.
De su lado, la acusación particular que ejerce el abogado Miguel Salas en nombre de la Asociación de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas modificó durante el juicio su escrito de conclusiones provisionales y retiró la acusación contra Torrijos, Crespo y Sánchez Domínguez, manteniéndola contra Luis Sánchez Manzano, Fernando Mellet y Domingo Enrique Castaño, para los que pide dos años de prisión por un delito societario.
Por su parte, la acusación particular que ejerce Mercasevilla ha mantenido su petición de dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación, modificando sus conclusiones provisionales en el sentido de que Sando sea también considerada responsable civil subsidiaria de la indemnización de 25 millones de euros que reclama.