Horno San Buenaventura ha solicitado esta misma semana la apertura de la fase de liquidación en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla dada "la imposibilidad de continuar de forma viable con la actividad de la concursada".
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa señala que, como ha venido poniendo en conocimiento del Juzgado "en los distintos incidentes tramitados con posterioridad a la apertura de la fase de convenio", la actividad de la concursada "se ha visto afectada por varios acontecimientos que han ido mermando su capacidad económica".
En primer lugar, alude a la "pérdida del contrato" con el Grupo Corte Inglés, señalando que "dicha rescisión unilateral del contrato ha tenido una repercusión drástica en la facturación (pérdida del 40 por ciento de las ventas globales de la compañía)".
"Pese a los grandes esfuerzos, no se ha conseguido suplir el impacto en ventas, lo que obligó a un ERE en la plantilla e indemnizaciones consecuentes, con el consiguiente lastre en la cuenta de resultados de la sociedad", pone de manifiesto el abogado de la entidad.
En segundo lugar, hace referencia a la atracción de nuevos inversores y/o alianzas estratégicas con grupos empresariales, indicando que, hasta octubre de 2016, "y tras un año y medio de colaboraciones y negociaciones, no se ha podido consolidar acuerdo pretendido con una importante compañía del sector".
A su juicio, "de haberse producido antes, habría significado una garantía de carga de trabajo equivalente al menos a 800.000 euros al año de ventas".
Asimismo, y en tercer lugar, se refiere a la campaña de ventas navideñas "fallida", con 100.000 euros "menos de facturación respecto a previsiones", añadiendo que "el ambiente de tensión general y la falta de liquidez de la compañía han afectado de forma drástica al último y más importante tramo del año 2016", la campaña de Navidad, cerrada en febrero de 2017 y "donde la empresa vive el repunte en ventas más alto del ejercicio".
RETRASO EN PAGOS A PROVEEDORES
A ello se suman "los problemas en producción y el retraso en pagos a proveedores", que han provocado que "el muy importante aumento de las ventas, no hemos sido capaces de abastecer, con el consecuente descontento de nuestros clientes y el consiguiente déficit en los ingresos". Así, "las ventas obtenidas, en términos 'ex factory', se desvían a la baja en más de un 30 por ciento de los objetivos planteados".
De igual modo, el abogado alude en cuarto lugar al hecho de que "la falta de tesorería ha impedido un acuerdo firme con la Seguridad Social, llegando a una situación insostenible", de forma que el pasado día 31 de enero la Seguridad Social procedió a la puesta en venta directa de prácticamente la totalidad de instalaciones con las que cuenta la compañía.
"En cualquier momento, por tanto, puede ser adjudicada dicha maquinaria e instalaciones a terceros interesados con el cierre de la producción", afirma el letrado, que añade que "los sucesivos incidentes concursales planteados por algunos trabajadores en momentos estratégicos, solicitando la liquidación de la sociedad, han terminado por dilapidar la escasa confianza que tanto el sector financiero como los proveedores corrientes habían depositado en la empresa".
En la actualidad, según indica, "nos es definitivamente imposible contar con líneas de descuento de papel, factorización, o cualquier otra cobertura financiera de nuestros cobros a clientes", a lo que se suma que el crédito con sus proveedores "se ha visto reducido igualmente a tramos temporales insignificantes, o prácticamente 'servicios bajo pago contado'".
"PERNICIOSA COINCIDENCIA"
"La operativa, con un circulante prácticamente negativo y sin contar con fondo de maniobra, hace imposible el cumplimiento de nuestras obligaciones", asegura el letrado, que finaliza diciendo que, "a pesar de la importante reconversión laboral acometida, del cambio de modelo de negocio abordado donde los puntos de venta directos se sitúan en términos de explotación positivos", la compañía "no ha podido superar la tan perniciosa coincidencia de los factores explicados".
Según concluye, "ante este escenario, resulta del todo inviable acometer nuestras obligaciones de pago con un mínimo de viabilidad", por lo que solicita al Juzgado de lo Mercantil la apertura de la fase de liquidación.
La empresa, que cuenta con unos cien empleados actualmente, se estaba centrando en los últimos tiempos en las confiterías, tras cerrar distintas cafeterías y llevar a cabo un expediente de regulación de empleo (ERE).
Esto se producía después de que, a finales de 2015, había conseguido alcanzar un acuerdo en el concurso de acreedores, eliminando el 50 por ciento de la deuda bancaria que había acumulado, un total de once millones, así como el 15 por ciento de su deuda con los trabajadores.