La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha explicado que se aprovecha el regreso de los vuelos de repatriación de extranjeros para traer a españoles, como el realizado el 14 y 15 de marzo a Perú, que trajo a 30 presos que terminarán de cumplir sus condenas y a 19 ciudadanos sin recursos.
Durante la comparecencia de Becerril ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la titular de la institución ha ofrecido los detalles de uno de los últimos vuelos de repatriación de extranjeros financiados por Frontex que trasladó a Perú a ciudadanos de ese país y colombianos, procedentes de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La defensora ha asegurado que según la atribución de vigilancia y supervisión que ha otorgado Frontex a la institución "se ha aprovechado ese vuelo de regreso" para trasladar a presos y a ciudadanos españoles sin recursos para seguir viviendo en ese país.
En concreto, retornaron una veintena de ciudadanos españoles que se encontraban en Lima en situación de precariedad económica, entre los cuales se encontraban cuatro menores de edad.
El 15 de marzo dos técnicos del Defensor del Pueblo supervisaron el vuelo fletado por España con la financiación de agencia europea que repatrió a 48 ciudadanos de Colombia y 8 de Perú, sobre los que pesaba una resolución de expulsión, por condena penal o por la delegación del gobierno correspondiente, y en cuya inmensa mayoría contaban con antecedentes penales o policiales.
En el vuelo de regreso de Lima a Madrid se trasladó a España 30 presos que cumplían condena en Perú, y que se han beneficiado de la política de traslados aprobada por el nuevo ejecutivo peruano, explica la institución.
Perú es el país donde hay un mayor número de españoles presos, en su gran mayoría por tráfico de drogas, y el perfil de estos españoles suele ser el de personas sin antecedentes penales en nuestro país, que caen en redes de traficantes que se aprovechan de su precaria situación económica y social.
Los traslados, ha dicho Becerril, se han realizado gracias a los acuerdos alcanzados entre el Ministerio de Exterior español y peruano.
La defensora presenta en el Parlamento el informe anual 2016, que detalla que el Defensor atendió a 554.788 personas y formuló 1.771 recomendaciones a las administraciones, de las que fueron aceptadas más del 80 por ciento de esas sugerencias.
