La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha llevado al Parlamento de Andalucía la situación de “emergencia habitacional” que soporta la población gaditana de Sanlúcar de Barrameda. En una comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, a instancias de IU, Nieto ha recriminado al consejero la “inoperancia” y “actitud pasiva” del Gobierno andaluz a la hora de poner en marcha medidas que solucionen de una vez por todas esta situación.
Así, la portavoz adjunta del grupo parlamentario de IU ha calificado de “especialmente grave” la situación de la vivienda social en Sanlúcar y ha recordado que se trata de “la ciudad de más de 50.000 habitantes con mayor población en riesgo de exclusión social”, la existencia de “17 corralas en el municipio, además de un número indeterminado de familias que están en viviendas propiedad de bancos y de la Sareb, porque no tienen ningún tipo de alternativa habitacional”. Frente a esto, Nieto ha señalado que “la Junta no tiene una actitud pro activa” encaminada a dar soluciones al problema de la vivienda.
La portavoz de Fomento ha recriminado que la Consejería no tenga “presencia física” en Sanlúcar de Barrameda; “no es normal que con el tremendo problema que se vive en Sanlúcar, la Junta no desplace allí a personal de manera periódica o que el Ayuntamiento derive los asuntos con mayor fluidez”. Aludió al caso reciente ocurrido en el municipio en el que a 40 horas de que se hiciera efectiva una orden de desahucio, aún no se disponía del informe de los servicios sociales del Ayuntamiento.
Asimismo, Nieto ha reclamado al consejero que se actualicen los convenios existentes con la Sareb y con el Consejo del Poder Judicial, “a la vista de que los existentes están siendo un fracaso”. Así, apostó por que se propicie la cesión a la Junta de Andalucía de las promociones de viviendas en propiedad de bancos que quedaron sin finalizar para que la Junta termine las obras e incorpore dichas viviendas al parque público de viviendas para ponerlas a disposición de familias necesitadas; “siempre será mucho más económico para la Junta finalizar estas obras que hacer viviendas nuevas, sobre todo teniendo en cuenta que hace más de diez años que la Junta no construye vivienda protegida en Sanlúcar”.
Por otro lado, la parlamentaria consideró fundamental “que sea la Consejería la que negocie con la Sareb en nombre de las familias y no que tengan que hacerlo directamente las familias con un abogado de oficio”. Pidió finalmente al consejero, que la Junta abandone la actitud pasiva que mantiene en materia de vivienda y que “no use el marco de la legalidad para esconder su inoperancia”.
