El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, ha dado a conocer hoy en Huelva los principales aspectos recogidos en el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público Andaluz, una norma “pionera” en España con la que la Junta persigue “blindar y asegurar los principios de universalidad, equidad, solidaridad social e igualdad” en el acceso a las prestaciones a cualquier persona que necesite asistencia sanitaria, “independientemente de su condición social, cultural o económica”.
De este modo, según ha explicado López, la futura ley, que reciente-mente ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento y ya se ha remitido a la Comisión de Salud para proseguir con su tramitación, se vincula con la Constitución Española, en cuyo artículo 43 se reconoce el derecho a la protección de la salud, así como con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, que en su artículo 22 garantiza este derecho mediante un sistema sanitario público de carácter universal. En relación a este fin, el delegado territorial ha justificado que “ahora más que nunca es necesario defender de manera clara y contundente la universalidad de la sanidad pública, su sostenibilidad y la necesidad de blindarla ante las tentaciones de privatizaciones y ataques por parte de sectores interesados, lo que pone de manifiesto la preocupación del Gobierno andaluz por mantener intactos los valores de uno de los pilares fundamentales del Estado del Bienestar”.
El objetivo pasa por tanto por “proteger” el sistema sanitario ante “situaciones de crisis o tentaciones de desvirtuar su carácter público”, a la vez que “prepararlo para dar la mejor respuesta ante retos como los derivados del envejecimiento de la población y la cronificación de muchas enfermedades”, ha abundado el responsable autonómico, para el que además de garantizar la sostenibilidad del modelo público andaluz de salud”, la futura ley “va a servir para abrir este debate en el conjunto del Estado e impulsar así una normativa a nivel estatal que afiance la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.
Garantía de los servicios
En el título I, están recogidas las garantías del sistema sanitario público, como son la perdurabilidad en el tiempo de los beneficios de la sanidad pública, obligando al mantenimiento y funcionamiento de los servicios, a su financiación y naturaleza públicas. También deberán garantizarse por la administración los principios que inspiran la ley, entre los que se encuentran el pleno respeto a los derechos humanos, la mejora del bienestar de las personas, la universalidad, la igualdad, la equidad y la superación de las desigualdades territoriales y sociales en la prestación sanitaria, la participación social, la calidad y la concepción integral de la salud. Asimismo, se garantizarán derechos básicos recogidos en la normativa autonómica y estatal, incluyéndose aquellos en los Andalucía ha sido pionera, como son la libre elección de médico, la segunda opinión médica, la declaración de la voluntad vital anticipada, la muerte digna, el consejo genético, la no discriminación por motivo de identidad de género, etc.
En este título es muy importante la garantía que se establece para acce-der a la cartera de servicios complementaria de la comunidad autónoma sin copagos. Asimismo, en aquellas prestaciones de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud donde se prevea una aportación económica por parte de la población, la futura ley andaluza establece que se arbitrarán las medidas necesarias para minimizar su impacto y que, en ningún caso, pueda existir una persona excluida de una prestación por razones económicas.
Sostenibilidad
Las medidas en torno a la sostenibilidad se articulan en el título II y se dirigen a asegurar la viabilidad del sistema en las vertientes económica, social, ambiental y del conocimiento, la investigación y la innovación. En la económica, se establece la Estrategia de Gestión del Sistema Sanitario Público como una herramienta clave para realizar, cada cuatro años, un análisis de la situación de la sanidad pública andaluza y diseñar nuevas líneas directrices, siempre orientadas a obtener los mejores resultados y con una previsión de financiación estimada. Asimismo, se incluirán en esta estrategia mecanismos de seguimiento y evaluación.
La normativa garantizará el desarrollo de medidas de uso racional del medicamento, como la prescripción por principio activo, el uso de alternativas terapéuticas más eficientes y la optimización de la selección, adquisición y utilización de los fármacos en todos sus centros. De igual modo, se podrá seleccionar, mediante procedimientos de convocatoria pública, los medicamentos y productos sanitarios que se dispensan en oficinas de farmacia cuando se prescriban por principio activo. Las medidas de formación y promoción de la salud entre la población para evitar el consumo innecesario de fármacos y la transparencia en las relaciones de la industria farmacéutica con los profesionales y el sistema sanitario son también aspectos muy importantes.
Igualmente, se determina que la compra de bienes y servicios tendrá que atender a criterios de homogeneidad a través de estructuras integradas como las centrales de compras provinciales y regional. Por último, se contempla que la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará en función de la evidencia científica y con garantías de carácter ético, clínico y social, con el objetivo de asegurar que toda la población andaluza tenga acceso a las mismas.
En la sostenibilidad social son elementos clave la equidad, la orientación a resultados en salud, el necesario diálogo con la sociedad, la calidad, la eficiencia y la ética, entre otros. Se incluyen medidas de prevención y promoción de la salud, mejora de la gestión clínica, fortalecimiento de las relaciones interprofesionales y coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. También se tienen en cuenta medidas de prevención y promoción de la salud y de gestión abierta, transparente y participativa. La atención a la cronicidad también se aborda en este capítulo, promoviendo un modelo proactivo de atención, con el equipo de atención primaria como agente activo para ofrecer una asistencia de calidad e integral en todas las etapas de la vida.
El texto se completa con las medidas de sostenibilidad ambiental regu-ladas en el capítulo IV, principalmente a través de la actualización de la Estra-tegia de Gestión Ambiental y Energética y la implantación de planes que mi-nimicen los impactos de la actividad diaria de los centros sanitarios.
En el capítulo V se aborda la sostenibilidad del conocimiento, la investi-gación y la innovación, haciendo hincapié en que los resultados de la I+D+i incidan directamente en la calidad y la eficiencia del sistema sanitario y en el desarrollo social y económico de la comunidad autónoma. En este último ámbito se incluye la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que contendrá las líneas prioritarias de investigación de acuerdo con los proble-mas más prevalentes de salud en Andalucía, la previsible evolución de las tec-nologías diagnósticas y terapéuticas y la estimación del compromiso presu-puestario anual en esta materia. Se impulsará igualmente la carrera investigadora, asegurando la existencia de una masa crítica estable. Por último, se impulsará y facilitará la formación continua y de excelencia de los profesionales, a través del Plan Integral de Formación, para contribuir a la mejora continua de los resultados en salud de la población, además de alcanzar las metas de desarrollo profesional.
En relación con este apartado, el texto de la norma también reconoce el valor que aportan los profesionales a la sostenibilidad del sistema sanitario público andaluz, gracias a su implicación y corresponsabilidad, apostando por la gestión clínica como escenario idóneo para avanzar en este ámbito. Para ello, se establece el compromiso por parte del Gobierno andaluz de garantizar un entorno de trabajo saludable y adoptar las medidas necesarias para mejorar sus condiciones laborales, la prevención de riesgos y su salud. En este sentido, se pondrá en marcha un plan de igualdad de oportunidades y nuevas acciones para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar.
Trayectoria y participación
La elaboración de la norma se inició en 2015, con los trámites precepti-vos de información pública y audiencia, que han tenido una duración más ex-tensa de lo habitual, con vistas a promover la participación de todos los agentes sociales implicados. Para ello se ha realizado consulta a diferentes representantes de la ciudadanía, del mundo empresarial y de los profesionales, a través de los respectivos colegios profesionales, las organizaciones sindicales representativas del sector sanitario y las sociedades científicas.
Además, se han organizado nueve foros de diálogo, uno autonómico y en cada una de las provincias, con las 49 sociedades científicas profesionales andaluzas, que han contado con la participación de asociaciones del ámbito ciudadano, de pacientes, de ayuda mutua y profesionales que prestan sus servicios en el sistema sanitario público.
La sanidad pública andaluza, un referente nacional
El proyecto de ley se enmarca en la política de constante refuerzo del sistema sanitario público que la Junta ha mantenido desde la asunción de las competencias de salud en 1984. Para el presente ejercicio, el presupuesto de-dicado a salud por el Gobierno andaluz alcanza los 9.304 millones de euros, 479,3 más que en 2016, lo que supone que 1 de cada 3 euros se destinen a sanidad en las cuentas autonómicas.
Con ello, la administración andaluza destina a la sanidad el equivalente al 6,3% del Producto Interior Bruto de la región, frente a la media del 5,5% del conjunto nacional y por encima de comunidades como Madrid y Cataluña.
Este esfuerzo inversor permite situar a la sanidad pública andaluza co-mo un referente nacional e internacional en aspectos asistenciales y de inves-tigación, así como en derechos sanitarios. Andalucía es también una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de actividad sanitaria concer-tada en España, mantenida en torno al 4% pese a las dificultades derivadas de la crisis económica de los últimos años y de los objetivos de déficit impuestos por el Gobierno central.
