Con la decisión del magistrado Miguel Ángel Aguilera Navas, contra la que no cabe recurso, son ya dos los juzgados que han rechazado la inhibición que propuso Garzón en noviembre del año pasado en favor de los juzgados territoriales para que investigaran las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.
El juzgado de instrucción número 3 de Granada fue el primero que no aceptó la causa de las exhumaciones de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca junto a los de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, una decisión que recurrió la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Granada, que no admitió a trámite dicho recurso.
Por este motivo, a finales de junio, Garzón presentó ante el Tribunal Supremo una cuestión de competencia para que decida qué órgano judicial debe asumir la causa de la fosa situada entre las localidades granadinas de las localidades de Víznar y Alfacar, por lo que, previsiblemente, el magistrado volverá a hacer lo mismo con la exhumación de los restos mortales del valle de los Caídos.
Para Aguilera Navas, “no puede obviarse” que todos los hechos delictivos (detenciones, secuestros, asesinatos, torturas) ocurridos durante la Guerra Civil estaban encuadrados y dirigidos “para subvertir el orden constitucional y el poder legítimamente constituido”.
Sin embargo, sostiene el magistrado en su auto, no se puede admitir una competencia para instruir “de forma sesgada” unas concretas detenciones ilegales sin dar razón del paradero ocurridas en el partido judicial de San Lorenzo de El Escorial, “independiente del resto de hechos delictivos cometidos a nivel nacional”.
Todo ello, añade el juez, “so pena de pensar que las acciones delictivas de nuestra historia patria (...) fueron aisladas, que no estuvieron organizadas bajo un plan preconcebido, que no fueron cometidas por un grupo organizado militar y rebelde y que, en su lugar, fueron cometidos a título particular, sin conexión, con una responsabilidad también aislada e individual y diseminada por todo el territorio nacional con coincidencia en el tiempo”.
Entiende por ello que Garzón es el magistrado competente para investigar estos hechos y procede al archivo de estas diligencias previas en su juzgado.
