El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, se sentará en el banquillo por un delito de corrupción entre particulares después de que la Audiencia Nacional haya confirmado su procesamiento por irregularidades en el fichaje del delantero Neymar da Silva.
En un auto, la sección cuarta de la Sala de lo Penal rechaza el recurso de la defensa de Bartomeu contra su procesamiento, al entender que sí hay indicios de que cometiera ese delito porque los acuerdos en 2011 entre el Barça y Neymar para ficharle desde el Santos alteraron "el libre mercado de fichajes de futbolistas, al impedir que el jugador entrase en el mercado conforme a las reglas de la libre competencia".
La participación de Bartomeu en esta operación fue "nítida", dice la sala, porque ostentaba en ese momento la Vicepresidencia del Barcelona y tenía "responsabilidades directivas en el ámbito deportivo" al mismo nivel que el entonces presidente, Sandro Rosell, "participando ambos" en los contratos supuestamente fraudulentos de 2011 para negociar el traspaso, que se produjo finalmente en 2014.
Ni Bartomeu ni Rosell, también procesado, informaron de estos acuerdos a la junta directiva del Barça, ni al Santos ni al fondo DIS, que es el impulsor de la querella y resultó perjudicado por la operación porque tenía en ese momento el 40 % de los derechos federativos de Neymar y no recibió el dinero que tenía que haber cobrado.
En esta causa también están procesados el propio Neymar da Silva y el FC Barcelona como persona jurídica, además de la madre del jugador, Nadine Gonçalves, la empresa familiar N&N y el Santos.
La Audiencia Nacional recuerda que el fichaje se pactó con Neymar y con la empresa familiar N&N (que tenía al 50 % con sus padres y ostentaba los derechos económicos de Neymar) en dos contratos de noviembre y diciembre de 2011, que, bajo la simulación de otros conceptos, en realidad perseguían cerrar el traspaso en 2014, cuando Neymar ya tendría la condición de "free agent" y no estaría sujeto a los derechos de DIS.
Así, acordaron el fichaje por 40 millones de euros en un contrato y en otro un "préstamo" ficticio de 10 millones más a N&N, que en realidad, dice el auto, respondía a "un pago parcial de la transferencia del jugador".
Por ello, la Sala ratifica que hay indicios de un delito de corrupción entre particulares porque el Santos desconocía el acuerdo, ya que ni Neymar ni el Barcelona se lo comunicaron y la mercantil DIS "tampoco conoció el traspaso pactado".
De esta manera, se infringió el artículo 18.3 del reglamento sobre el estatuto y las transferencia de jugadores de la FIFA, que impide a un futbolista "negociar con otro club su traspaso salvo cuando le queden, como mínimo, 6 meses", cuando Neymar estuvo vinculado al Santos hasta mediados de 2014.
En su recurso, Bartomeu alegó su ausencia de participación en los hechos porque su imputación se basa solo en los cargos que tenía en el club en el momento de los hechos, una "responsabilidad objetiva" que para la defensa no es suficiente pero que la Sala sí cree indicativa de delito.
En cualquier caso, la Audiencia Nacional dictamina que esas cuestiones se deberán debatir ya en el juicio, ya que contra esta decisión no cabe ningún recurso.
El de Bartomeu era el último recurso por resolver de los procesados en este caso, por lo que ahora el juez podrá abrir juicio oral.
El juez instructor del caso, José de la Mata, lo archivó en julio de 2016 al no ver delito, pero lo tuvo que reabrir por orden de la Sala de lo Penal, tras lo que la Fiscalía hizo su petición de penas: 2 años de cárcel y 10 millones de euros de multa para el jugador, 5 años para el expresidente del Barça Sandro Rosell, 2 años de cárcel para el padre de Neymar y un año para su madre.
El fiscal de la Audiencia Nacional José Perals pidió en su escrito de acusación el archivo de la causa para el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, si bien DIS le pide 5 años de cárcel.
