Una cuarta parte de los senadores ha recibido la autorización del Pleno del Senado para realizar actividades privadas, ya que, pese a la dedicación exclusiva que marca la Ley Electoral, es legal que los parlamentarios ejerzan otros trabajos fuera la política. Esta semana el Senado terminó de revisar la solicitud de los senadores aprobando las actividades privadas de 65 parlamentarios que, además de su cargo político, realizan otra profesión. La abogacía o la docencia, son las más recurrentes.
Al inicio de cada legislatura, todos los diputados y senadores tienen que rellenar un formulario en el que deben especificar los cargos públicos que ostentan, sus actividades privadas por cuenta propia o ajena, los ingresos que puedan percibir con cargo al sector público o cualquier otra tarea retribuida que realicen. Las principales actividades extraparlamentarias son la abogacía, que podrán desempeñar 16 parlamentarios, y la participación en conferencias y docencia universitaria, que han declarado otros 18.
Numerosos senadores piden permiso para participar en tertulias, varios regentan farmacias, alguno trabaja para asociaciones sin ánimo de lucro y otros declaran explotaciones agrarias de aceitunas o naranjos.
La Cámara Alta permite compatibilizar distintos trabajos y de hecho viene autorizando cada legislatura a numerosos parlamentarios compaginar el escaño con variadas actividades profesionales privadas, siempre que estas labores no tengan relación alguna con la Administración y que no supongan un menoscabo de su dedicación en el Senado.
Todos los asuntos relacionados con las posibles incompatibilidades son analizados por la Comisión de Incompatibilidades del Senado que estudia caso por caso. Una vez resuelta individualmente cada declaración, en la que los senadores se pueden ver en la situación de tener que escoger entre el escaño o la actividad privada, esta comisión emite una autorización que es aprobada públicamente en el Pleno.
FENÓMENO TRASVERSAL
Compaginar el trabajo parlamentario con actividades privadas es un fenómeno trasversal. Hasta seis partidos de la Cámara (PP, PSOE, Unidos Podemos, Coalición Canarias, Compromís y Partido Aragonés (PAR)) cuentan con senadores que han recibido luz verde del Pleno.
La mayoría de sus señorías, 46, que se acogen a este régimen pertenecen al grupo mayoritario en el Senado (149 senadores), el del PP, lo que supone un 30 por ciento del grupo. Si bien, el grupo de Unidos Podemos es el que más incidencia tiene, ya que casi la mitad de sus senadores, 9 de 21, han recibido permiso para realizar actividades privadas, principalmente participación en tertulias y conferencias.
En las filas socialistas, son 8 los senadores que podrán compatibilizar el trabajo en la Cámara con otras actividades, lo que representa el 13 por ciento del grupo parlamentario. Tras llegar a la secretaría general del PSOE en 2014, Pedro Sánchez propuso la renovación del régimen de incompatibilidades para "hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva", y limitó el permiso a actividades de índole política como tertulias, conferencias o publicación de libros, que los parlamentarios realizarían sin cobrar por ello.
DECLARACIÓN DE INGRESOS
Todos los senadores presentan su declaración de bienes y su renta, si bien aquellos autorizados para realizar otros trabajos deben presentar las remuneraciones que obtienen de dicha actividad, si es que la han ejercido. En esta legislatura, de los 65 senadores autorizados, 29 han declarado ingresos aparte de su labor en la Cámara Alta.
Los datos públicos sobre bienes y rentas de los senadores arroja distintos casos en los que los parlamentarios pluriempleados obtienen una importante remuneración fuera de los muros del Senado. Así, el 'popular' Miguel Ángel Cortés, senador electo por Valladolid, declara más de 100.000 euros al año por su trabajo como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial y como administrador único de una empresa de servicios jurídicos, según informa en su declaración de actividades y rentas, por lo que se convierte en el senador con los mayores ingresos por labores ajenas a la institución.
Conocido es el caso del también 'popular' José Cruz Pérez Lapazarán, consejero de la empresa de envolturas cárnica española Viscofan, y que en 2012 durante su etapa como diputado fue amonestado por su grupo parlamentario por ausentarse en 245 votaciones en el Pleno del Congreso, incluido la de la presentación del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de aquel año. Por su labor en el consejo de Viscofan percibió 61.000 euros en 2015.
El mismo presidente del Senado, Pío García Escudero, tiene aprobada la compatibilidad para participar en conferencias y seminarios aunque el pasado curso no declaró ingresos por esta actividad.
Por su parte, en el grupo socialista la senadora Rosa María López declara 44.000 euros por su trabajo como profesora titular de la Universidad de Salamanca. En el grupo de Unidos Podemos, Joan Comorera percibió 27.000 euros por su trabajo como docente y abogado, mientras que el portavoz, Ramón Espinar, declaró ingresos por valor de 6.200 euros por tertulias, charlas y conferencias.
UNA QUINTA PARTE DE LOS DIPUTADOS COMPATIBILIZAN
El porcentaje de parlamentarios que tienen permiso para compatibilizar trabajos es similar en ambas Cámaras. En torno a 70 diputados, un 20 por ciento del total, desempeñan actividades profesionales o negocios privados, aunque en este caso se trata de cifras provisionales dado que el proceso para autorizar a los parlamentarios se encuentra paralizado.
Según datos del informe de actividades extraparlamentarias redactado por la Comisión del Estatuto del Diputado, una quinta parte de los representantes compaginan el escaño con otra actividad; 17 de ellos con la abogacía, 24 son docentes y 17 se declaraban gestores de sociedades, entre otros trabajos como el periodismo o la interpretación.
Actualmente, las compatibilidades en el Congreso no están aprobadas debido a la oposición del Grupo Socialista que propone un sistema más rígido y es contrario a que los diputados tengan actividades paralelas a su cargo público. Tras los polémicos casos de los exdiputados Vicente Martínez Pujalte o Pedro Gómez de la Serna, el PSOE pide que los diputados que quieran la compatibilidad comparezcan ante la comisión para defender su actividad.
