Así lo explicó Castillo esta semana en Jaén, donde participó en las primeras jornadas provinciales para divulgar el borrador del Acuerdo Andaluz por el Agua, un documento que, según dijo, responde al convencimiento de la Junta de entender necesario un consenso sobre un factor clave y estratégico para el presente y el futuro de la región.
Por ello, comentó que hay muchos retos a los que el acuerdo debe hacer frente, entre los que destacó los derechos de los ciudadanos y la garantía del suministro de un elemento limitado.
En este sentido, explicó que se pretende crear el Banco Público del Agua, cuyo cometido será, entre otros, establecer prioridades de uso y velar por el interés general.
En este contexto, insistió en la obligación de modernizar los mecanismos de riego como uno de las principales medidas de ahorro y señaló 2015 como el año límite para conseguir su plena tecnificación.
Para lograrlo se intensificarán las ayudas a los agricultores, a los que, una vez modernizados los sistemas, se les exigirá una reducción en el consumo. “Si por alguna razón no lo han hecho en 2015 se procederá a una restricción en la concesión de agua”, afirmó.
La consejera añadió que para controlar el gasto habrá otras medidas como la instalación de contadores en las explotaciones para saber el agua que se consume no por hectárea, como hasta ahora, si no por metro cúbico.
Con ello, según señaló, será posible reasignar los recursos a nuevas actividades que hasta ahora no tenían concesión por apenas tener entidad, como las energías renovables.
En cualquier caso, señaló que no sólo los agricultores tendrán que ahorrar, sino que todos los consumidores deberán hacer un esfuerzo en este sentido, para lo que se “penalizará el despilfarro” cobrando más a quienes superen los parámetros establecidos por determinados tramos.
La transparencia en el acceso a la información y el fomento de la participación suponen otro de los retos del Acuerdo Andaluz por el Agua.