La Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada han retirado este miércoles todos los cargos contra los dos funcionarios acusados de espiar nóminas de altos cargos municipales para supuestamente poner en evidencia la inseguridad del sistema informático del consistorio, al entender que no existen suficientes elementos para mantener la acusación, por lo que la Audiencia de Granada dictará una sentencia absolutoria para ellos.
Ambos funcionarios se enfrentaban a una petición fiscal inicial de 16 meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta por un supuesto delito contra la seguridad de sistemas de información, a lo que se adhirió en la primera sesión del juicio el Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular en este proceso.
La vista oral arrancó el pasado lunes en la Sección Segunda de la Audiencia de Granada y a tenor de las testificales que se han producido hasta el momento, entre ellos técnicos informáticos y responsables del Centro de Proceso de Datos municipal (CPD), entiende el fiscal que no se produjo por parte de los acusados una vulneración como tal del Sistema de Información Municipal (SIM), a pesar del "mal ambiente" y la "absoluta descoordinación" existente.
Tras un breve receso para pedir "instrucciones", la letrada del Ayuntamiento de Granada también ha retirado su acusación contra los dos funcionarios, por lo que el tribunal ha considerado "innecesario" continuar con el juicio, que estaba señalado hasta el jueves, y ha anunciado a los procesados su absolución.
LOS ACUSADOS ALEGARON QUE FUERON QUIENES DETECTARON EL PROBLEMA
Ambos negaron al inicio del juicio haber realizado en 2012 un ataque al Sistema de Información Municipal (SIM) para poner en evidencia la presunta inseguridad del sistema informático tras haber sido destituidos del Centro de Proceso de Datos municipal, alegando que, por el contrario, fueron ellos quienes detectaron el problema.
Defendieron, de hecho, la forma "diligente" en la que actuaron para intentar que se retirara de la web la aplicación que estaba permitiendo el acceso indiscriminado a información "sensible" y "confidencial" del Ayuntamiento.
Igualmente, enmarcaron el acceso que realizaron a determinadas nóminas en las comprobaciones llevadas a cabo para conocer la "magnitud" del asunto y con "la esperanza" de que el problema no persistiera.
Ambos se desvincularon de la creación directa de la aplicación en la que se produjo el fallo de seguridad, diseñada para que los funcionarios de la corporación consultaran por Internet sus nóminas, y alegaron que detectaron lo que estaban ocurriendo cuando uno de ellos, José Antonio S.R., fue llamado a colaborar con el mantenimiento del proyecto.
LAS DEFENSAS SALUDAN LA RETIRADA DE LOS CARGOS
Las defensas de los dos funcionarios, ejercidas por los letrados Jorge Fernández y Rafael López Guarnido, han saludado la retirada de los cargos contra sus clientes y han solicitado que en la sentencia haya relato de hechos probados, en tanto que este caso generó la apertura por parte de la Agencia Española de Protección de Datos de expedientes sancionadores a los dos trabajadores cuyo archivo será ahora solicitado.
El fallo también puede afectar a otros dos procedimientos, un pleito por violación de derechos fundamentales que afecta a uno de los funcionarios, José Antonio S.R., y a unas diligencias previas pendientes de la resolución de este caso y derivadas de una denuncia de éste último contra responsables del Centro de Proceso de Datos municipal, el concejal Juan Antonio Fuentes y otras personas por un supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y estafa procesal.
