La empresa, que ha pedido la mediación del subdelegado de la Junta de Andalucía, de los Delegados provinciales de Empleo e Innovación, y del propio Defensor del Pueblo Andaluz; considera “inaceptable que los alcaldes de la comarca no reconozcan la deuda, para poder anticipar las facturas a través del plan ICO, a pesar de llevarnos a una situación insostenible”.
Además de la reclamación de la deuda, Diga 33 denunciará públicamente “la injusticia que se comete, poniéndose en peligro la estabilidad de 100 puestos de trabajo”.
Según explicó la empresa “las deudas más antiguas están en los Ayuntamientos de Los Barrios y de La Línea, aunque la Mancomunidad de Municipios tiene también una importante deuda, incumpliendo incluso planes y compromisos de pago inmediatos; a pesar de que algunos trabajos realizados por Diga 33 fueron sufragados con subvenciones cobradas de otras administraciones”.
“En San Roque, se tuvo que suspender el contrato por el impago del Ayuntamiento, habiéndose perdido más de 80 puestos de trabajo, por lo que esperamos la reacción de la administración autonómica, como mediador en este gran problema”, concluyó la empresa Diga 33.