Una nueva confesión sobre el pantano de corrupción en que parece haberse sumergido Brasil agravó hoy la ya delicada situación del presidente, Michel Temer, y alcanzó además a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.
Esta vez, las revelaciones partieron de los directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial confesaron que pagan sobornos a Temer desde 2010 y que, desde el año 2005, distribuyeron entre Lula y Rousseff la suma de 80 millones de dólares, siempre por los favores realizados desde sus posiciones de poder.
En el caso de Temer, esas sospechas atizan el fuego de una crisis que comenzó este miércoles justamente con las primeras filtraciones sobre la declaración de JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, que ha llevado a toda la oposición y hasta a sectores del oficialismo a exigir la renuncia del mandatario.
Temer reaccionó con energía frente a esas sospechas y afirmó que no renunciará y que demostrará su inocencia ante la justicia en un mensaje a la nación transmitido este jueves, que ha sido hasta ahora su única aparición pública desde que estalló el escándalo.
Los testimonios difundidos por la Corte Suprema salpican además a cuatro ministros del actual Gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores, y se conocen en momentos en que la base política de Temer se resquebraja en medio de dudas sobre su honestidad.
El Supremo también informó de que la investigación que ha abierto contra el presidente se sustenta en su presunta participación en los delitos de obstrucción judicial y corrupción pasiva, y tiene como base las declaraciones de los directivos de JBS.
Sobre Temer, uno de los dueños de la empresa, Joesley Batista, afirmó que le paga sobornos desde 2010 y que, entre ese año y 2011, le hizo una entrega de 100.000 reales (hoy unos 29.500 dólares) por diversos favores en el Ministerio de Agricultura.
Batista también declaró que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, que pagaría al ya entonces mandatario una comisión del 5 % sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS que precisaba una licencia para operar.
El director de JBS, Ricardo Saud, aseguró en su declaración que Temer pidió y recibió 15 millones de reales (4,6 millones de euros) para las elecciones de 2014, los cuales iban a distribuirse entre sus aliados, pero se guardó un millón (307.000 dólares) para él mismo en vez de usarlo en la campaña.
Todo ello se suma a una grabación de una conversación de Batista con Temer, en la que el empresario comenta que busca favores para JBS en ministerios, que recibe información por adelantado sobre investigaciones o que soborna a un exdiputado preso por corrupción y cercano al gobernante para que no colabore con la justicia.
En esa grabación, que calificó de clandestina, el gobernante asiente o simplemente escucha en silencio, lo que da base a firmes sospechas sobre una posible omisión frente a hechos ilegales.
Temer comentó hoy en una nota las nuevas acusaciones y reiteró que "no obstruyó a la Justicia", además de recalcar que los recursos que financiaron sus campañas electorales fueron declarados como marca la ley.
Antes, en unas declaraciones que ofreció al diario O Globo, insistió en que saldrá de "de esta crisis más rápido de los que se piensa", algo que no convence a varios de los partidos de la coalición de Gobierno, que aún analizan un posible desembarque.
En relación a Lula y Rousseff, las confesiones dicen que ambos le facilitaron a JBS la obtención de multimillonarios créditos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad estatal también investigada por la trama corrupta en Petrobras.
El dinero de los sobornos, según JBS, alcanzó la suma de 50 millones de dólares en el caso de Lula y de 30 millones de dólares para Rousseff, y se depositaba en cuentas abiertas en el exterior.
Batista admitió que esos créditos irregulares obtenidos con el BNDES ayudaron a la expansión de la compañía, que en los últimos años se convirtió en uno de los gigantes cárnicos a nivel global.
Las negociaciones con Lula y Rousseff, según dijo el empresario, tenían como mediador el exministro de Hacienda Guido Mantega, quien ha sido acusado de ejercer ese mismo papel por la firma Odebrecht, beneficiaria de contratos amañados con la estatal Petrobras.
