El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que ve difícil que la comunidad internacional pueda presionar al Estado para que negocie una solución en el contencioso abierto con el Govern a raíz del proceso independentista: "Creo que no tenemos que ser ingenuos".
Lo ha dicho en una entrevista publicada este domingo por el periódico 'Ara' recogida por Europa Press en la que se ha reafirmado en su voluntad de celebrar un referéndum este 2017 del que ha dicho que "no será" un nuevo 9N, en referencia al proceso participativo convocado por su antecesor, Artur Mas, en 2014.
"Primero, porque lo hace el Govern. Segundo, porque habrá una pregunta clara de respuesta binaria: sí o no. Y tercero, porque los resultados tendrán consecuencias", ha argumentado.
Puigdemont ha explicado que su Ejecutivo está diseñando todas las garantías democráticas para que la votación sea efectiva y vinculante, pero ha insistido en que "la mejor garantía habría sido un acuerdo con el Estado".
Sobre este pacto, ha aseverado que no hay que descartar "hasta el último día" que el Gobierno central acceda a acordar el referéndum, si bien ha reiterado su voluntad de llevarla a cabo igualmente si no hay una respuesta en este sentido por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Preguntado por posibles acciones del Estado contra la Generalitat como represalia por la celebración del referéndum, ha pedido "calmarse un poco" ante la posibilidad de una recentralización de competencias.
Asimismo, considera curioso que se acuse al Govern de presionar funcionarios: "Nos han dicho que los que amenazábamos funcionarios éramos nosotros y creo que todo el mundo tiene claro que si lo hace alguien es el Estado".
GERMÀ GORDÓ Y EL 3%
Puigdemont también se ha referido a la causa abierta contra el exconseller de Justicia y diputado de JxSí Germà Gordó por su presunta implicación en el conocido como caso 3% y ha pedido que tanto a su compañero en el Parlament como a su partido, el PDeCAT, que tomen "las decisiones más sensatas porque todos han acreditado a lo largo de sus trayectorias que su prioridad es servir a Cataluña".
"Yo puedo responder por mis responsabilidades, pero también hemos visto que se han formulado acusaciones a cambio de obtener beneficios judiciales", ha planteado, y ha defendido que la adjudicaciones de obra pública durante los mandatos con CDC en el Govern han quedado acreditadas como legales.
