La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido autorización para indagar el destino de 7,4 millones de euros concedidos a Ángel Ojeda, que fue consejero de Hacienda en Andalucía en 1987, para cursos de formación tras la crisis de la multinacional Delphi en la Bahía de Cádiz.
La UCO pide autorización para investigar el destino de este dinero a la juez que instruye el caso, la titular del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños.
Según el escrito de la UCO, al que ha tenido acceso Efe, las cantidades transferidas a cuentas de ahorro del BBVA tituladas por las entidades pertenecientes al entramado empresarial de Ojeda superan los 7,4 millones de euros.
Ese dinero se habría transferido a once empresas del Grupo Prescal de Ojeda, con cantidades que oscilan entre 200.000 y 1,2 millones de euros.
La UCO pide continuar la investigación "debido a que los fondos destinados a las cuentas de ahorro provienen de las subvenciones excepcionales concedidas para el Plan Delphi, y que los movimientos identificativos no hacen referencia en sus conceptos a pagos relacionados con el fin al que fueron concedidos".
Por ello, "resultaría necesario continuar con el estudio del canal económico de los mismos con el objetivo de esclarecer el destino último aplicado a ellos", señala la UCO.
La petición de la Guardia Civil se centra en nueve cuentas corrientes del BBVA, respecto a las cuales pide todos los movimientos entre 2007 y 2012 así como los nombres y resto de datos de los titulares y los autorizados.
La UCO recuerda que en 2015 empezaron la investigación de las cuentas de Ojeda, cuyas empresas recibieron 33,3 millones de euros para cursos de formación tras el cierre de Delphi.
En esa labor, explican que han comprobado que las asociaciones de Ojeda transfieren la mayoría de fondos públicos a entidades vinculadas a las que supuestamente les adquieren todos los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos formativos de Delphi.
En esta pieza de los cursos, junto a Ojeda, están imputados los exconsejeros andaluces Manuel Recio y Antonio Fernández, uno de los principales acusados en el caso ERE.
En la concesión de esos fondos se habrían producido irregularidades por parte de Recio tanto en su gestión como en su justificación, según la Fiscalía, que descartó pedir la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán en esta pieza.
En la pieza sobre al entramado empresarial de Ojeda se investiga la actividad desarrollada por empresas integradas en el Grupo Prescal, que habría recibido, con cargo al programa 32D y dentro del dispositivo de Delphi por parte de la Consejería de Empleo, 33,3 millones de euros.
Ese dinero se concedió en concepto de subvenciones excepcionales a la formación y a la contratación a través de las asociaciones controladas por Ojeda (AEA, Humanitas, Innova y Natura), según la juez.
Existen indicios de que buena parte de los fondos percibidos por Ojeda, en lugar de destinarlos a la realización de cursos para capacitarlos en orden a una posterior contratación, se simulaban contratos de trabajo con los antiguos empleados de Delphi, afirma la instructora.
