Un interno de nacionalidad árabe ha lesionado "de gravedad" a tres funcionarios del centro penitenciario Sevilla II, ubicado en el término sevillano de Morón de la Frontera, según el sindicato de prisiones Acaip, Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones penitenciarias.
En un comunicado, dicha organización explica que este "grave incidente regimental" se produjo este pasado viernes día 7 de julio por la tarde, cuando dicho interno, "que debía cambiar de un departamento a otro por orden del equipo técnico, se negó violentamente a ingresar en el nuevo módulo asignado".
Según continúa Acaip, "ante las amenazas y la gran agresividad mostrada por dicho interno, fue trasladado al departamento de aislamiento, donde comenzó a agredir a todos los funcionarios allí presentes, contra los que se enfrentó mediante cabezazos, patadas y puñetazos".
Como consecuencia de ello, siempre según el sindicato, tres funcionarios tuvieron que ser atendidos de urgencia por los servicios médicos del establecimiento, teniendo que requerir atención hospitalaria dos de ellos, al presentar, respectivamente, policontusiones maxilofaciales y cervicales en un caso, y, fisura en la mano que ha precisado escayolamiento para su inmovilización, en el otro caso. Ambos deben permanecer en situación de baja laboral.
Desde Acaip aprovechan este suceso para "denunciar, por enésima vez, las condiciones laborales que sufre el colectivo de los centros penitenciarios de toda España debido a la falta de recursos humanos y materiales", reiterando que "la única respuesta dada por la Secretaría General a las 2.118 agresiones a trabajadores penitenciarios entre los años 2005 y 2016 ha sido poner en duda la naturaleza y gravedad de las mismas e incluso, como recientemente ha declarado en un medio de prensa el máximo responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, les ha restado valor haciendo una desafortunada y tendenciosa comparación retrospectiva mencionando los tiempos en que a los presos se les cortaba la cabeza en los motines de los años 80".
Según Acaip, "la falta de la condición de agente de autoridad, por un lado, y la inexistencia de un protocolo de agresiones contundente y efectivo, por otro, supone una notable merma en nuestra protección jurídica frente a las continuas agresiones que viene sufriendo este colectivo de trabajadores públicos".
