El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este miércoles en el Pleno del Congreso que el indulto solicitado para evitar el ingreso en prisión por Ascensión López, la supuesta bebé robada condenada por injurias a una religiosa, "está muy complicado" desde el punto de vista de la tramitación, aunque ha añadido que "sigue su curso".
El grupo parlamentario Unidos Podemos ha preguntado este miércoles a Catalá, en el Pleno del Congreso, sobre la tramitación del indulto solicitado por María Ascensión López, la mujer que asegura haber sido un bebé robado durante el Franquismo y que ha sido condenada por injurias y calumnias a una monja que presuntamente estuvo involucrada en su adopción.
El ministro ha explicado que el indulto solicitado por Ascensión se está tramitando de la misma manera que "todos los expedientes de indulto que se solicitan". Para tramitar este tipo de peticiones, según ha explicado Catalá, es necesario pedir un informe "al tribunal que dictó la sentencia, después a la Fiscalía que llevó a cabo la acusación y a las personas ofendidas".
En el caso de la petición de Ascensión, el ministro ha adelantado que "el expediente de solicitud del indulto ya está en marcha" y, de momento, tiene "el informe negativo del tribunal que dictó sentencia", también "la negativa de la Fiscalía" y, además, una nota de la religiosa que denunció a Ascensión por injurias que muestra "una posición no favorable al indulto". "Desde el punto de vista de la tramitación de este tipo de expedientes, está muy complicado", ha dicho.
Sin embargo, el ministro ha matizado que, aunque todos los indultos que se conceden cuentan con informes favorables, a veces se consideran algunos "casos de naturaleza social" y por eso no ha descartado que se puedan estudiar "las circunstancias concretas" de Ascensión que posibiliten la concesión del indulto.
Catalá ha añadido que la situación de Ascensión conlleva un "problema de fondo" que es la situación de los bebés robados y ha dicho que le consta la labor de la supuesta bebé robada como presidenta de la organización SOS Bebés Robados Almería, donde hace un trabajo "extraordinario". En este punto, ha aprovechado para insistir en que los afectados por esta cuestión cuenta con "todo el compromiso y la colaboración" del Gobierno.
El ministro ha remachado el "compromiso" del Ejecutivo que destina en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) una partida de hasta 100.000 euros para avanzar en las investigaciones que puedan ayudar a esclarecer los casos de bebés robados. "Estamos ayudando y trabajando y aseguro que con esta materia tenemos un máximo compromiso", ha asegurado, al tiempo que ha concluido que el indulto de Ascensión "sigue su trámite" y "el fondo de la cuestión" tiene "todo el compromiso" del Gobierno.
Esta cuestión, que ha sido formulada por el diputado David Carracedo, llega junto a una campaña en redes sociales que la formación morada está llevando a cabo con este caso. En ella denuncian la "injusticia" que "la primera persona en ir a la cárcel por el drama de los bebés robados sea una víctima".
En concreto, María Ascensión López, ha sido condenada por un delito de injurias y calumnias a pagar una multa de 3.000 euros y una indemnización de 40.000 a la monja que se ha querellado contra ella. Debido a la imposibilidad de pagar la multa que le ha sido impuesta, la condenada tendrá que pasar 5 meses en prisión, una situación que se está intentando evitar a través de una petición registrada en 'change.org'.
ROBADA EN 1964
Según se puede leer en la iniciativa de 'change.org', el caso de esta bebé robada se remonta a 1964, año en el que nació y fue comprada al nacer por 250.000 pesetas, según le contó un familiar cuando tenía 8 años. Tras pasar tiempo en busca de su identidad, y con los datos que pudo conseguir, puso en 2012 una denuncia en la comisaría de Policía de Sevilla al sospechar que no había sido nunca dada en adopción sino que se trataba de una niña robada. La denuncia se archivó en 2014.
En 2013 María Ascensión contaba en varios medios de comunicación las irregularidades que durante años había conseguido documentar sobre su adopción. En dichas declaraciones hacía mención a una monja, sobrina de su padre adoptivo, que al parecer fue la que ayudó a sus padres a conseguir su adopción. Tras estas declaraciones, la monja interpuso una querella por un presunto delito de injurias y calumnias, aún reconociendo que la firma que aparece en su expediente de adopción es la de ella. La querella fue admitida a trámite y María Asunción fue juzgada y condenada.
