El Parlamento venezolano de contundente mayoría opositora designó hoy a 33 magistrados "legítimos" que deberían sustituir a la misma cantidad de jueces nombrados por la anterior Cámara controlada por el chavismo retando así al Supremo que ha pedido medidas de "coerción" para estos letrados.
La designación de estos magistrados se produjo en un acto que se desarrolló en una plaza pública del este de Caracas y no en el palacio legislativo, en una medida que se adopta un par de semanas después de que la sede del Parlamento fuera tomada por grupos violentos afines al chavismo y agredieran a diputados y empleados.
"No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia", dijo el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Julio Borges.
El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, recordó por su parte que los magistrados designados por la Cámara chavista en 2015 fue un proceso "ejecutado a troche y moche", de forma irregular, algo que también ha denunciado la fiscal general, Luisa Ortega.
Según Berrizbeitia, en ese momento "se designaron personas que no cumplían con las exigencias previstas en la Constitución y la ley", y una vez en sus cargos estos jueces emitieron "pronunciamientos nefastos" que en su opinión desconocen la voluntad popular, como la sentencia con que el Supremo declaró "en desacato" al Parlamento.
Entre otras sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el diputado se refería a la dictada en marzo por el tribunal para asumir, por el "desacato" de la Cámara, las funciones del Parlamento, una decisión que luego fue revocada parcialmente.
Tras el nombramiento, la Sala Constitucional del TSJ pidió a las autoridades competentes que se apliquen "acciones de coerción" contra el Parlamento por cometer delitos de "usurpación de funciones" al designar a nuevos magistrados de la máxima corte.
"Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional", dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza.
El Supremo indicó que con este proceso "se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados" y advierte de "consecuencias jurídicas".
Más tarde la oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hizo un llamamiento para marchar mañana sábado hacia la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, para dar apoyo a los nuevos magistrados y pidió que también se den "gigantescas movilizaciones" en el interior del país.
"La calle no se calla, la calle va a continuar", dijo el dirigente Andrés Velázquez que habló como portavoz de la MUD y pidió a los venezolanos marchar para respaldar, además, el resultado del plebiscito que se realizó el domingo al margen del Gobierno en el que participaron 7.5 millones de votantes.
En esta consulta popular el 98 % rechazó el cambio de constitución que promueve el presidente Nicolás Maduro, pidió a las Fuerzas Armadas acatar las decisiones del Parlamento y aprobó la renovación de los poderes públicos, llamar a elecciones e instaurar un gobierno de transición.
Velázquez aseguró que la oposición no permitirá que se materialice "un fraude" a la Constitución con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, prevista para el 30 de julio, y que pretende redactar un nuevo ordenamiento jurídico "para consolidar la dictadura", según la MUD.
En este sentido reiteró que las protestas de calle, que se desarrollan desde el 1 de abril en el país se mantendrán esta semana que viene para evitar la Constituyente y advirtió que el paro cívico que se realizó ayer y que detuvo el 85 % de las actividades según la oposición va a ser "nada" en comparación "con lo que viene".
"Acumulen una comidita (porque) vamos a pelear", dijo al asegurar que "lo que viene es una lucha firme y sostenida", al tiempo que comentó que la MUD descarta cualquier negociación política con el Gobierno.
La ola de protestas en Venezuela ha dejado hasta el momento cien fallecidos, cientos de heridos y más de 4.000 detenidos, de los que más de mil permanecen en detención.
