Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas, la mujer de Maracena (Granada) que desde el miércoles está ilocalizable tras negarse a cumplir la orden judicial que la obliga a entregarle a sus dos hijos, asegura que está dispuesto a negociar una custodia compartida "por el bien de los niños".
Arcuri ha hecho estas declaraciones a la Agencia Efe horas antes de que el abogado de Juana Rivas haya presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que pueda permanecer con los menores, y asegura que no es un maltratador ni un machista que quiera quitarle los niños a la madre.
En su primera entrevista concedida a un medio español, dice que "nunca le ha puesto la mano encima" a ninguna mujer y que, en 2009, "aceptó" ser condenado por lesiones en el ámbito familiar por una discusión que ambos mantuvieron cuando convivían en Granada, como única vía para poder seguir viendo a su entonces único hijo con Juana Rivas.
"Hoy me arrepiento muchísimo de haber aceptado esa condena. Quise quitarle tensión a la situación para poder ver a mi hijo. Tras dos meses estábamos otra vez viviendo juntos y, tiempo después, se vino a Italia y tuvimos otro hijo", ha explicado.
Pese a la disputa legal y las diferencias que mantiene con su expareja, ha subrayado que no tiene nada en contra de Juana, que su historia de amor se terminó pero que siempre seguirá siendo la madre de sus hijos y que, por tanto, también estará dispuesto a negociar una custodia compartida por el bien de los menores.
Una vez retomada la relación en Italia años después, Juana regresó por vacaciones con sus hijos a España y, en julio de 2016, lo acusó de malos tratos a través de una denuncia que sigue pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana.
Aunque Arcuri ha reconocido que la relación con Juana "no estaba bien" y había "tensiones", cree que ella interpuso esa denuncia por malos tratos como una forma de lograr la custodia de los hijos y a pesar de que un equipo de psicólogos había mantenido que no existía ningún peligro o riesgo para los hijos con su padre.
Tras no poder comunicarse con sus hijos, según afirma, desde noviembre de 2016, a pesar de tener reconocida por los tribunales italianos de forma provisional la custodia, ha indicado que se ha visto obligado a denunciar "la sustracción de sus hijos" por parte de la madre.
"Ahora, esa misma justicia española con la que acepté una condena por lesiones en 2009 ha dicho que mis hijos tienen que regresar a Italia", ha aseverado el padre, y ha reiterado su confianza en las decisiones judiciales.
Ambos progenitores están citados el próximo 8 de agosto ante el juzgado número 2 de Granada, tras rechazarse las medidas cautelares solicitadas por el padre de los dos niños, entre ellas la detención de la madre, por secuestro interparental de menores, entre otros delitos.
