Hace un año, Río de Janeiro presumía de los primeros Juegos Olímpicos de Suramérica. Hoy, es una ciudad militarizada, marcada por la violencia y la crisis, y algunos de los principales artífices de su candidatura están presos o procesados por corrupción.
Un año después de la fiesta olímpica, los brasileños no saben todavía cuál es el balance de los Juegos porque la autoridad encargada de divulgar el coste cerró sus actividades sin entregar el informe sobre Río 2016.
Ni siquiera hay confirmación sobre las inversiones, que medios locales cifran entre 13.000 millones y 20.000 millones de dólares, aunque los cariocas tienen certeza de que las promesas no se cumplieron y el proyecto olímpico no transformó la ciudad.
Hoy, Río vuelve a estar dominada por la violencia, militarizada -con 10.000 soldados en las calles-, y ahogada por la crisis económica hasta el punto de no poder afrontar los pagos de los salarios de sus funcionarios, incluida la Policía.
Las instalaciones olímpicas están abandonadas, se deterioran y no se han destinado para usos alternativos, tal como se había anunciado.
La dejadez alcanza a los pabellones levantados con la promesa de que se transformarían en escuelas públicas, que aún no han sido desmontados, supuestamente por falta de presupuesto.
Las sospechas de corrupción que desde el principio salpicaron a la candidatura de Río parecen confirmarse tras las revelaciones destapadas recientemente por el diario Le Monde sobre el presunto pago de sobornos por al menos 1,5 millones de dólares para lograr la adjudicación de los Juegos a Brasil.
En los últimos meses, los brasileños han descubierto también que cientos de millones destinados a instalaciones olímpicas, a la reforma del estadio de Maracaná, a infraestructuras y mejoras en las favelas fueron a parar a los bolsillos de políticos, funcionarios y empresarios corruptos.
El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el gran artífice de la elección de Río 2016, que no pudo contener el llanto cuando se anunció la victoria de la candidatura, fue condenado a nueve años y medio de prisión en julio por corrupción.
El entonces gobernador de Río, Sergio Cabral, está en la cárcel acusado, entre otros delitos, de apropiarse de recursos públicos destinados a obras en favelas con motivo de los Juegos, y el exalcalde de la ciudad Eduardo Paes, que dejó el cargo el pasado enero, está investigado por presuntos sobornos.
Uno de sus más estrechos colaboradores, Alexandre Pinto, exsecretario de Obras de la ciudad y responsable de buena parte de las transformaciones previas a la cita olímpica, fue detenido el jueves acusado de embolsarse al menos 2,3 millones de dólares en sobornos.
Carlos Nuzman, el presidente del comité organizador Río 2016, trató de aprovechar su experiencia en los Juegos para hacerse con la presidencia de la Organización Deportiva Panamericana, pero fracasó en su intento.
Nuzman contaba con el apoyo de Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), que ha pedido paciencia para valorar el "legado" de Río 2016.
"Los aspectos positivos están ahí, pero también los desafíos. Vamos a ver en qué queda el legado", apuntó Bach el viernes.
Para los cariocas no hay mucho más que esperar. Las cifras son contundentes: el turismo, una de las principales fuentes de ingresos de la ciudad, se ha desplomado; el desempleo ha crecido casi un 50 % y el número de muertes violentas supera las 15 diarias en el estado de Río.
"Nosotros ya estamos pagando el legado olímpico", se lamenta María Santiago, empleada doméstica y vecina de una favela próxima a las instalaciones de Río 2016.
