El Ayuntamiento de Granada deberá afrontar el pago de 13 millones de euros a raíz de un plan parcial mal ejecutado en el barrio de la Chana durante la anterior etapa de gobierno del PP, después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso que presentó el actual equipo de gobierno socialista contra esta "sentencia millonaria".
Así lo han anunciado en rueda de prensa el portavoz del equipo de gobierno local, Baldomero Oliver, y el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, quienes no obstante han dicho que tratarán de explorar otros "trámites judiciales" o posibles negociaciones para un pago en especie.
Se trata del Plan Parcial O3, donde se desarrollaron una serie de viviendas por parte de un promotor que cedió al Ayuntamiento de Granada unas parcelas que resultaron no ser suyas, tal y como demostró el propietario, y que fueron incluidas erróneamente en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano y calificadas como Sistema General de Espacios Libres.
Así, en julio de 2005, el dueño de estos terrenos, la mercantil Construcciones Vargas e Hijos SL, solicitó al Ayuntamiento el inicio del expediente de expropiación de estas parcelas de su propiedad, las cuales no pretendía desarrollar.
Transcurrido el plazo legal sin que el Ayuntamiento incoara el expediente --que la mercantil consideró hecho por prescripción legal-- la empresa realizó los trámites oportunos para que se fijara el justiprecio de las parcelas, que la Comisión Provincial de Valoraciones fijó en 13,2 millones de euros.
El Ayuntamiento lo recurrió, pero se desestimó en la vía administrativa y el asunto fue objeto de un proceso judicial. No obstante, consistorio y empresa acabaron acordando que el pago se hiciera en especie, lo que fue objeto de un convenio que ponía como condición que el proyecto de reparcelación de los terrenos se inscribiera en el Registro de la Propiedad, lo que de no conseguirse supondría la resolución del convenio.
El Ayuntamiento nunca llegó a registrar el proyecto de reparcelación y tampoco cumplió con el pago en especie a la constructora, que en base a lo pactado consideró que estos acuerdos quedaban sin efecto y volvió a solicitar, el 13 de mayo de 2010, que se le abonaran los 13,2 millones de euros.
El Ayuntamiento no respondió a esta solicitud y la constructora estimó que este silencio administrativo tenía carácter positivo, por lo que interpuso un recurso contencioso administrativo que fue estimado por el Juzgado.
Aunque el Ayuntamiento de Granada recurrió la sentencia inicial, procedente del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Granada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) lo desestimó, como también ha hecho ahora el Supremo.
El portavoz del equipo de gobierno, Baldomero Oliver, ha señalado que, además de las alternativas judiciales o de negociación con el promotor, el Ayuntamiento también podría intentar negociar con el Gobierno después de que durante el mandato del PP se permitiera una modificación del plan de pago a proveedores para poder incluir en él la indemnización de 15 millones de euros a la que fue condenado el consistorio por la sentencia del PTS.
Oliver ha sostenido en todo caso que ahora es "más necesaria que nunca" la aprobación del plan de ajuste, puesto que ésta no es la única sentencia de este tipo y solo del 2015 hay pendientes varios casos que, de culminar de un modo desfavorable, podrían sumar otros dos millones de euros.
