El exalcalde de Marbella Julián Muñoz y el exasesor urbanístico del mismo municipio Juan Antonio Roca declaran como testigos en el juicio que comienza este miércoles contra el exconcejal Esteban Guzmán, fugado desde 2012 por el caso 'Saqueo 2' que analiza el desvío de dinero público del Ayuntamiento malagueño en la etapa de Jesús Gil como alcalde.
Guzmán será juzgado el 24 y 25 de octubre por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal por los mismos hechos por los que ya fueron condenados Muñoz y Roca en octubre de 2013. El exconcejal, que suma otra pena de seis años de cárcel por el caso Minutas --sobre irregularidades en los encargos realizados por el consistorio marbellí al letrado José María del Nido-- se encontraba en busca y captura después de que la Audiencia Provincial de Málaga lanzase una orden este sentido.
Ahora, cuatro años después, Esteban se enfrenta al juicio cuya causa se inició por un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, durante los años 1991 y 1999.
Entre los cerca de 40 testigos que solicitó la Fiscalía Anticorrupción, se encuentran el exalcalde marbellí Julián Muñoz; el que fuera asesor de Urbanismo del mismo consistorio Juan Antonio Roca y el exconcejal Pedro Román; todos ellos condenados por los mismos hechos. Según han indicado fuentes jurídicas, las testificales de los dos primeros serán por videoconferencia.
ROCA, AÚN EN PRISIÓN
Precisamente, Roca está cumpliendo condena en la prisión malagueña de Alahurín de la Torre por el 'caso Malaya', por 'Saqueo I' y su derivada, la pieza que este miércoles vuelve a juzgarse. En el caso de Muñoz, abandonó la cárcel en mayo de 2016.
La Audiencia Nacional condenó en octubre de 2013 a seis años de prisión a Julian Muñoz y a Juan Antonio Roca por el delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con el caso 'Saqueo 2'. Sin embargo, el Tribunal Supremo, en febrero de 2016, rebajó la pena tres años para el exasesor y uno para el exalcalde.
Las rebajas de las condenas también afectaron a Pedro Román Zurdo, a Modesto Pedoria Cruz-Conde, que se quedaron en cinco años; y a Antonio Calleja, María Luisa Alcalá Duarte y María Dolores Zurdo, que finalmente fueron penados con cuatro años de cárcel. Todas estas personas también han sido citadas a declarar como testigos en la vista oral que se celebrará para juzgar la responsabilidad del exconcejal fugado.
La Audiencia Nacional absolvió a 15 procesados, entre los que se encontraban la exalcaldesa Marisol Yagüe y el exfutbolista y exconcejal Tomás Reñones; a los que hay que sumar a otros dos que perdonó el alto tribunal.
OPERACIONES MUNICIPALES PARA EL BENEFICIO PROPIO
La sentencia del Supremo explica que, entre los años 1991 y 1999, los concejales del Ayuntamiento de Marbella, a iniciativa del alcalde Jesús Gil, decidieron gestionar los servicios municipales a través de sociedades mercantiles participadas íntegramente con capital público. Los concejales del GIL dispusieron de los fondos y patrimonio municipales en su propio beneficio y en perjuicio del erario público, mediante órdenes de pago, transferencias o disponiendo de los bienes municipales, con la intervención de Juan Antonio Roca.
En total, los condenados realizaron 93 operaciones, valiéndose de las citadas sociedades para derivar fondos públicos en el propio beneficio de las personas concernidas.
