La Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva ha solicitado tres años y diez meses de prisión y el pago de 12.200 euros de multa, a razón de una cuota diaria de 20 euros durante 20 meses, para seis acusados de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales, por la presunta extracción ilegal de agua del acuífero 27, que abastece al espacio natural de Doñana, destinando el agua a la finca de La Borrachuela, situada en la cabecera del Arroyo de la Rocina, en Almonte. Los empresarios serán juzgados el próximo miércoles 29 de noviembre en el Juzgado de lo Penal 3 de Huelva.
Según reza en el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la conducta punible de los acusados se centra en las extracciones realizadas en la citada finca, con una superficie de 150 hectáreas y siendo propiedad de una sociedad, pero cuya explotación la llevan a cabo otras tres empresas. Esta finca está situada en la Zona II del Plan de ordenación del territorio de Doñana, lo que implica la existencia de limitación a la extracción de recursos hídricos subterráneos.
El fiscal remarca en su escrito que las empresas explotadoras han estando utilizado agua subterránea del acuífero 27, entre 2009 y 2012, para sus respectivas actividades agrícolas, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras ni de los que la explotan.
Por ello, considera que se ha producido una detracción ilegal y sistemática de agua del acuífero en dicho periodo y que la misma implica una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar, por lo que remarca en su escrito que los hechos cometidos constituyen en una serie de infracciones con trascendencia penal, al haberse estado captando agua subterránea de "forma abusiva y sin control alguno".
De las tres empresas que explotan la finca, una de ellas se encarga de unas 50 hectáreas de extensión, utilizando una parte para frutos rojos, en las que se encuentran cuatro pozos, estando solo dos en activo, los cuales tienen motobomba sumergida y, según se refirió por la empresa, estaban en trámites de legalización si bien se construyeron hace 20 años. A su vez, la zona dispone de una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos.
La segunda explotación agrícola ha dedicado en este periodo seis hectáreas al cultivo de la frambuesa, ocupando una parte del término municipal de Almonte de 49 hectáreas de extensión. En la superficie cultivada por esta empresa se hallan cuatro pozos en activo, con motobomba sumergida, y al igual que la anterior, dispone igualmente de una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos y que estaba en trámites de legalización, según se refirió por el encargado de aquella, si bien la construcción también data de hace 20 años.
En este caso, uno de los pozos sí cuenta con autorización de extracción de agua con destino a uso doméstico con un volumen de 18.250 metros cúbicos por año por el organismo de cuenca, si bien carece de contador de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Por último, la tercera explotación agrícola, que ocupa 40 hectáreas, ha dedicado en este periodo entre seis y siete al cultivo de la frambuesa, conteniendo tres pozos en activo y una balsa en funcionamiento que recibe el agua de los pozos activos, estando, según se refiere por un trabajador de la finca, en trámites de legalización.
Según el cálculo del agua extraída realizado por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR) fue "muy inferior" a los datos proporcionados por los empresarios, por lo que consumían más agua de la media estimada. Además, según los volúmenes propuestos por la Fiscalía, las empresas tuvieron unos beneficios, por esta extracción, de 18.427 euros, la primera; de 14.831 euros, la segunda; y de 15.494 euros, la tercera.
No obstante, según las bases establecidas en el Real Decreto de Dominio Público Hidráulico, ascienden a 32.734 euros en la primera empresa en el primer caso; 24.551 euros en el segundo y 24.551 euros en el tercero.
Cabe recordar que en noviembre de 2014 se acordó por el Juzgado de Instrucción la medida cautelar de precinto de los pozos ilegales, medida que fue sustituida en julio de 2015, por una medida cautelar menos gravosa consistente en la instalación de un contador en cada pozo a costa de los acusados así como control de que no había otras vías de extracción de agua, y lectura de contadores periódicamente por el Seprona.
