El Congreso ha cerrado el primer año de Gobierno del segundo mandato de Mariano Rajoy con más leyes congeladas que aprobadas. En concreto, son 38 las normas que han salido adelante en lo que va de legislatura, la mayoría vía decreto ley urgente, frente a las 40 que se encuentran en tramitación, algunas de las cuales suman más de diez meses con sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas, y las más de 45 proposiciones de ley impulsadas por la oposición que han sido vetadas por el Ejecutivo.
De las 38 leyes aprobadas, más de la mitad, 24, son decretos ley que han sido convalidados por el Pleno y que, por ende, ya están en vigor tal y como las concibió el Ejecutivo. Entre éstos se encuentra el relativo a la protección de los consumidores frente a las cláusula suelo, una oferta de empleo público, la reactivación del Plan Prepara o el que regula la actividad de la estiba o el bono social.
En esta lista también se encuentra el decreto que facilita el traslado de sede social de empresas, que el Consejo de Ministros acordó en plena 'fuga' de empresas de Cataluña tras el estallido de la crisis política en esa comunidad.
De esos 24 decretos ley, cuatro se están tramitando como proyectos de ley, por lo que ahora son susceptibles de ser modificados. Se trata de sendas trasposiciones de directivas europeas sobre desplazamiento de trabajadores y sobre cuentas de pago; uno que regula la información no financiera que tienen que aportar las sociedades de capital; y un cuarto que recoge medidas para paliar los efectos de la sequía, que se encuentra actualmente en el Senado.
APROBADOS LA MITAD DE LOS PROYECTOS DE LEY
Durante este periodo, el Ejecutivo, que ya no goza de la mayoría absoluta de la pasada legislatura, ha llevado a la Cámara Baja un total de 15 proyectos de ley, de los que sólo siete han conseguido ya el respaldo parlamentario suficiente para salir aprobados.
Además de los Presupuestos 2017 y las leyes del Concierto y el Cupo vascos, el Gobierno logró sacar adelante otros cuatro proyectos más, todos ellos a iniciativa europea ya que se tratan de trasposiciones de directivas y reglamentos comunitarios: uno relativo a la restitución de bienes culturales, otro sobre los precursores explosivos, uno más relacionado con los litigios en materia de consumo y un último sobre los contratos con la Administración Pública.
Por su parte, los grupos parlamentarios consiguieron 'colar' en este periodo cuatro leyes. En concreto, el PP cosechó el apoyo para aprobar una proposición de ley sobre la jurisdicción voluntaria; el PP, el PSOE y Ciudadanos se unieron para regular la asistencia jurídica gratuita; Ciudadanos, promovió la reforma de la actual Ley de Autónomos; y el PSOE impulsó el cambio del sistema de elección del Consejo de RTVE.
Además, la Cámara Baja ha aprobado tres Leyes Orgánicas: dos reformas de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) para garantizar que las personas con discapacidad puedan votar sin ningún tipo de exclusión y para evitar que las pasadas generales tuvieran lugar el día de Navidad, así como una reforma puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
40 LEYES EN BARBECHO
Sin embargo, a estas alturas de legislatura hay 40 leyes que se encuentran en trámite, en muchos casos aparcadas desde hace más de un año como consecuencia de las consecutivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas de los grupos parlamentarios.
Tal es el caso de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, cuyo origen se remonta a los años de Gobierno socialistas y que esta legislatura está 'congelada' desde noviembre de 2016; la subida del Salario Mínimo Interprofesional, parada desde diciembre de 2016; o la suspensión de la LOMCE, que también se encuentra varada desde ese mismo mes pendiente del pacto de educación.
En barbecho también se encuentran, entre otras proposiciones, la desclasificación de Secretos Oficiales, auspiciada por el PNV en noviembre de 2016; una reforma de la Ley del Indulto impulsada por el PSOE el pasado febrero; otra para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana o también llamada 'Ley Mordaza'; o la anulación de la última reforma del Tribunal Constitucional, redactada por el PNV, para revertir la facultad de ese tribunal para suspender o sancionar a los cargos públicos que desobedezcan sus resoluciones, admitida a trámite hace un año.
Este retraso en la tramitación de las leyes provocó que el PNV, apoyado por PSOE, Unidos Podemos, ERC y el Grupo Mixto, impulsara un escrito pidiendo limitar las prórrogas. La presidente del Congreso, Ana Pastor, reunió a los portavoces parlamentarios para tratar de desbloquear las iniciativas pero aún no ha habido ningún acuerdo sobre qué criterios aplicar a la hora de autorizar o no ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas.
En concreto, los citados grupos de oposición pedían que, una vez que el Pleno acepte tramitar una proposición de ley, la Mesa fije un primer plazo de quince días para la presentación de enmiendas y que sólo permita dos prórrogas de una semana a instancias de un único grupo. Agotado ese primer mes, para seguir ampliando la presentación de enmiendas será necesario que lo pidan al menos dos grupos parlamentarios que representen, como mínimo, la mayoría de los miembros de la Cámara.
45 VETOS A PROPUESTAS DE LA OPOSICIÓN Y AUTONOMÍAS
Además, en lo que va de legislatura el Gobierno ha rechazado la tramitación de vetado de 45 iniciativas legislativas de la oposición y de los Parlamentos autonómicos sobre distintos temas como subir las pensiones, apoyar emprendedores, fomentar el autoconsumo energético y derogar el llamado 'impuesto al sol', ampliar los permisos de paternidad, suprimir tasas judiciales o mejorar ayudas de la Ley de Memoria Histórica, entre otras.
La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, ha asumido todos los vetos salvo dos de ellos, referidos a sendas proposiciones de ley del PSOE para paralizar la Ley de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE) y para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas.
Ambas leyes continuaron su tramitación parlamentaria pese a la disconformidad del Gobierno, que presentó los correspondientes recursos ante el Tribunal Constitucional denunciando un conflicto de competencias con el Congreso; si el TC da la razón al Ejecutivo, todo lo que haya hecho el Parlamento con esas proposiciones de ley habrá sido inútil, y ante ese riesgo ambas iniciativas están también 'hibernando' en la Cámara.
LA OPOSICIÓN QUIERE LIMITAR ESE PODER DEL GOBIERNO
El pasado 24 de octubre, el Congreso acordó tramitar, a instancias de Unidos Podemos, una proposición de reforma del Reglamento de la Cámara para limitar el poder que tiene el Gobierno de vetar la tramitación de iniciativas legislativas alegando que suponen un aumento del gasto o una disminución de ingresos.
Todos los vetos se basan en el precepto constitucional que da al Gobierno derecho de veto a aquellas iniciativas legislativas o enmiendas que considere que alteren los presupuestos en curso, sea por suponer aumento de gasto o una disminución de ingresos. El presidente Mariano Rajoy justificó los vetos de su Gobierno alegando que la aprobación de estas decenas de leyes habría supuesto un incremento de 3 puntos en el déficit público, aumento que cifró en 30.000 millones de euros.
