Alrededor de 400 personas secundaban este viernes la concentración en contra de los despidos convocada por los sindicatos y por el Comité de Empresa de los trabajadores de Louis Berger Aircraft Services Inc. (LBAS), concesionaria de los servicios del aeropuerto de la Base Naval de Rota. Una concentración que ha sido el gesto final tras un año de movilizaciones, y que se ha celebrado mientras la plantilla ejecuta su tercer huelga en este 2017, y un encierro colectivo indefinido en el Castillo de Luna, encierro que este viernes se decidía en asamblea que seguirá adelante, a la espera de algún movimiento de índole política desde el Gobierno de España y de la Junta de Andalucía.
En la asamblea previa a la concentración, los partidos políticos locales, encabezados por el alcalde de la Villa, Javier Ruiz Arana, así como los sindicatos y el Comité de Empresa, rubricaban sendas cartas que se enviarán tanto al Gobierno de la Nación como a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, haciendo un llamamiento de auxilio para que se intervenga en una situación que está degenerando a pasos agigantados. Situación que comenzaba con la negativa de la empresa a negociar el convenio colectivo, y con la comunicación a los trabajadores de que un informe económico elaborado por Deloitte recomendaba a la empresa, por supuestas pérdidas económicas, despedir a 43 empleados, o en caso contrario, despedir a 15 efectuando recortes de sueldo de hasta un 33% al resto de la plantilla. Cuestiones que los trabajadores se negaron a aceptar. Desde ahí, numerosos intentos de negociación por parte del Comité de Empresa sin éxito, iniciando la empresa su planificación de despidos, con 23 empleados en la calle hasta la fecha y 12 sancionados sin empleo y sueldo, tres huelgas sin efecto alguno, y numerosos gestos políticos que han caído en saco roto hasta el momento.
Tras la asamblea, representantes políticos, sindicatos y trabajadores se reunían en l a plaza Bartolomé Pérez, acompañados de numerosos ciudadanos, y donde el alcalde como portavoz de todos los grupos políticos locales daba lectura a un manifiesto conjunto que relataba todo el proceso sufrido por los trabajadores, una “persecución” por parte de la empresa en la que se ha incluido desde un intento de desprestigio de la plantilla, con la publicación en prensa de datos económicos de sus sueldos, hasta los intentos de “boicotear” las distintas huelgas efectuadas, tratando de minimizar sus efectos haciendo uso de personal militar para cubrir a los trabajadores en huelga. También se han denunciado los servicios mínimos establecidos por el Gobierno de la Nación, “abusivos” para el colectivo, que además fue relegado a manifestarse en espacios de poca visibilidad que neutralizaban de algún modo los efectos de las protestas.
Los partidos políticos locales, con y sin representación en el arco plenario, consideran que esta actitud sin freno de la empresa “sienta un peligroso precedente” en las contratas que operan en la Base Naval, puesto que podría suponer “un ataque importantísimo para el empleo en la Bahía de Cádiz, por lo que no debe minimizarse su magnitud”. De ahí la petición expresa de ayuda al Gobierno de la Nación y de la Junta, para que actúen y eviten lo que califican de un problema de “soberanía nacional”, una petición a la que además se ha pedido a todos los ciudadanos que se adhieran para mostrar su apoyo a un colectivo que ha evidenciado un problema que puede tener consecuencias que trasciendan al conflicto en sí mismo.
