El Gobierno garantizará derecho a castellano en centros de Cataluña

El ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado hoy que el Gobierno garantizará "la libertad de los padres" para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros escolares catalanes.

"El cómo lo hagamos, lo estamos estudiando" pero "sin duda lo haremos", ha aseverado el ministro, quien ha explicado que durante estos años el Ejecutivo "no ha estado de acuerdo" en cómo se llevaba a cabo la garantía de poder estudiar en castellano como lengua vehicular en Cataluña.

Lo ha declarado tras el Consejo de Ministros y después de que ayer se conociera que el Ejecutivo estudia la posibilidad de que en la matriculación del próximo curso escolar en Cataluña se incluya una casilla en la que los padres puedan elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos, tras la petición hecha al respecto por el sindicato de profesores AMES y Sociedad Civil Catalana (SCC).

Todo ello en aplicación del artículo 155 por el que el Ministerio tiene las competencias de la Consejería de Educación catalana.

No obstante, el ministro no ha querido hablar de "casillas" y ha insistido en decir que se está estudiando la fórmula para garantizar la lengua en la que quieren escolarizar a sus hijos los padres.

"No me he pronunciado por ningún modelo concreto porque estamos estudiándolo", ha reconocido el ministro aunque sabe que "algunos han dicho esto o lo otro".

"Se trata de una cuestión técnica" y lo vamos a hacer "de la mejor manera que sepamos", combinando el derecho de los padres y el correcto funcionamiento del sistema educativo catalán.

"No es un globosonda", ha contestado Méndez de Vigo a preguntas de los periodistas, sino "aprobar una resolución que toca tomarla" porque en febrero y marzo es cuando se hacen las preinscripciones para el curso próximo.

"No es un cambio de modelo educativo que solo se puede hacer por cambio ley y eso solo lo puede hacer el parlamento de Cataluña", ha añadido.

Pero ha comentado que ahora se trata de "adecuar" la aplicación de las sentencias del Tribunal Constitucional, del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, este última en cuanto a que se debía dar un mínimo del 25 % de las clases en castellano.