El caso es el T-176/09, en el que el Ejecutivo gibraltareño pide la anulación de la decisión de la Comisión Europea de diciembre de 2008, que dio el visto bueno a la propuesta española de designar como españolas estas aguas limítrofes a Gibraltar, que dos años antes habían sido designadas como británicas.
El Gobierno de Gibraltar presentó en mayo un recurso contra la decisión de la Comisión Europea de designar Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) la zona denominada Estrecho Oriental y bajo la responsabilidad de España ya que considera que son aguas “territoriales de Gibraltar”.
El ministro principal del Peñón, Peter Caruana, había declarado en reiteradas ocasiones que los británicos “tienen el deber” de unirse a la decisión local para anular la aceptación de la Comisión sobre esta designación de aguas.
Añadió Caruana que bajo su punto de vista era “absolutamente esencial” y subrayó que los ministros británicos habían dicho en el Parlamento que estaban “muy preocupados por esta usurpación de soberanía por parte de España”.
Argumentos
El Ejecutivo argumenta en este caso que la decisión de la Comisión en diciembre de 2008, es un incumplimiento con respecto al Tratado de la Unión Europea.
Con su actuación el Gobierno pretende que se anule la decisión de la Comisión y que se le obligue a pagar las costas y otros gastos derivados del caso.
Los abogados del Peñón establecerán que la Comisión cometió errores legales en cuanto que designó aguas pertenecientes a un Estado miembro (Reino Unido) como si fueran de otro Estado (España).
Expondrán asimismo que España “ni ejerce ni puede ejercer ninguna jurisdicción ni soberanía sobre dichas aguas”.
Caruana destacó cuando el Gobierno del Peñón informó de la presentación de este recurso, que confiaba “en el éxito de lo que creemos que es un caso muy fuerte e impactante”.
Por su parte el diputado nacional del Partido Popular (PP) José Ignacio Landaluce presentó en el Congreso de una proposición no de ley para instar al Gobierno de España “a defender sin rodeos la españolidad de las aguas circundantes al Peñón”.
En la propuesta también se pedía al Ejecutivo español que sólo reconociera la soberanía del Reino Unido en las aguas interiores del puerto del Peñón y que este reconocimiento no se trasladase de alguna manera al mar territorial adyacente.
Landaluce acusó a Gibraltar de tener “pretensiones soberanistas” al haber cuestionado la concesión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Estrecho Oriental a España y bajo su responsabilidad por parte de la Unión Europea.