El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, ha apuntado este miércoles que el uso cada vez mayor de las redes sociales hace prever una proliferación de procedimientos penales relacionados con los delitos de odio y ha apostado por fijar una doctrina clara del Ministerio Público para estos supuestos.
Durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para presentar la Memoria de la Fiscalía relativa a los años 2015 y 2016, el fiscal general ha explicado que en ese último años se abrieron 29 diligencias de investigación relacionadas con este delito, se realizaron 46 escritos de calificación y se dictaron 29 sentencias.
"La nueva configuración de este delito y el empleo cada vez mayor de las redes sociales hacen prever una proliferación de procedimientos penales relacionados con estas conductas en los próximos años y hacen necesaria una elaboración de doctrina clara de la Fiscalía General que asegure la unidad de actuación en todo el territorio nacional y en la que se está trabajando", ha apuntado el fiscal.
Se trata de una cuestión por la que le han preguntado los portavoces en la Comisión de Justicia de los grupos de la oposición (a excepción de Ciudadanos y PSOE), quienes en sus respectivas intervenciones se han referido a casos concretos como el de los titiriteros, la reciente sentencia absolutoria de la tuitera Cassandra o las condenas de los raperos Pablo Hásel y Valtònyc a dos y tres años y medio de cárcel, respectivamente por el contenido publicaciones en redes sociales.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN "COARTADA"
"Hay tres condenados por las letras de sus canciones o siete jóvenes de Alsasua por una ley antiterrorista demasiado vaga; se intuye que la libertad de expresión está coartada en este momento", le ha espetado durante su comparecencia la diputada del PDeCAT y portavoz de su grupo en la Comisión de Justicia, Lourdes Ciuró.
Por su parte, el portavoz de Justicia de Unidos Podemos, Eduardo Santos, ha asegurado que "no ha sido alentador" el papel del Ministerio Público en la defensa de los derechos de la ciudadanía, los cuáles tendrían que ser protegidos de "forma muy clara". "El papel de la Fiscalía General del Estado en este y otros temas ha sido nefasto y ha originado una gran alarma social", ha añadido.
Ya en el turno de respuestas, el fiscal general del Estado ha asegurado que a este órgano le preocupa "la amplitud" de los delitos de odio y que, por ello, se prepara un instrumento que clarifique los conceptos y que permita a los fiscales y a la propia sociedad saber a qué atenerse.
ODIO Y CONDUCTA VIOLENTA
En su opinión hay que establecer la diferencia entre un sentimiento de odio y un comportamiento que lleve acarreada la incitación a la violencia, punto este último relacionado con el delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
Se trata, pues, de buscar el adecuado equilibrio entre la libertad de expresión, opinión o información, y aquellas conductas que supongan ataques intolerables a elementos esenciales de nuestra convivencia, ha dicho el fiscal general que ha apostillado que el odio no es suficiente para la comisión de un delito de este tipo.
