El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión extraordinaria a instancias del PP, ha aprobado los cuatro puntos acordados entre este partido y el PSOE a cambio de la abstención del primero en los presupuestos de 2018, entre los que figuran la adhesión del Consistorio al pacto por la red completa de metro que promueve el PP y la operación prevista para recalificar de nuevo la antigua comisaría de la Gavidia para volver a ofertar el edificio a un inversor que costee la rehabilitación del antiguo convento de San Hermenegildo.
En cuanto al metro, la moción se ha aprobado con el apoyo de PSOE, PP y Cs y el rechazo de Participa e IU, un marco en el que el alcalde, Juan Espadas (PSOE), ha anunciado que el Ministerio de Fomento ha convocado esta semana la comisión para analizar la documentación aportada para la financiación del tramo norte de la línea tres. "Empecemos el metro por donde no hay objeción sobre su viabilidad", afirmaba. "Si aparece la necesidad de otros tramos y revisar los proyectos, no digamos que no y seamos valientes. Empecemos por reanudar las obras y avancemos en la concreción tramo a tramo para llegar a la red completa", ha defendido Espadas.
El portavoz del PP, Beltrán Pérez, ha señalado por su parte que unas 150 entidades se han sumado al "pacto" de su partido por la red completa de metro con prioridad para las líneas dos y tres, como por ejemplo empresarios, colegios profesionales o el Real Betis y el Sevilla F.C. Y es que según recuerda, la construcción de la red completa de metro es una "deuda histórica" con la ciudad.
El portavoz de Cs, Javier Millán, señalaba de su lado que el metro es objeto de "peleíta permanente", pidiendo que exista un "compromiso cierto". "El trenecito que hay no satisface las necesidades", lamentaba, preguntándose "hasta cuando va a tener que pagar Sevilla por haber hecho la Expo'92".
Los portavoces de Participa Sevilla, Susana Serrano, y de IU, Daniel González Rojas, han pedido más participación ciudadana y soluciones de movilidad metropolitana. Serrano añade que con el dinero que cuesta el tramo norte de la línea tres se puede hacer la red completa "en superficie" y que la propuesta actual es "irrealizable a corto plazo", mientras Rojas criticaba los "intentos de echar a pelear a unos barrios contra otros".
En cuanto a la propuesta de reclamar la actualización de la participación en los tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), ha sido aprobada por unanimidad, recordando Beltrán Pérez que con dicha actualización, el Ayuntamiento obtendría 14 millones de euros adicionales para aspectos como "climatizar colegios". Espadas, de su lado, ha recordado que este extremo ya ha sido reclamado a la Junta merced a un acuerdo plenario previo, aviso al que se ha sumado Javier Millán.
Es más, el edil de Participa Julián Moreno ha recordado que es la cuarta vez que el pleno aborda esta petición, mientras González Rojas criticaba que la Junta pague "mal y tarde" la Patrica a los ayuntamientos.
En el caso de la propuesta que incluye que las ordenanzas fiscales de 2019 rebajen un cinco por ciento el IBI residencial frente a la reducción del tres por ciento pactada entre el Gobierno local del PSOE y Ciudadanos, Beltrán Pérez ha detallado que tal medida beneficiará a "más de 300.000 propietarios", con un ahorro de unos seis millones de euros para tales contribuyentes.
"PASO ADELANTE PARA REDUCIR LA CARGA FISCAL"
En un contexto en el que este año ya rige una rebaja del tres por ciento en el IBI fruto de los acuerdos alcanzados entre el PSOE y Cs, Pérez ha defendido este "paso adelante para reducir la carga fiscal", toda vez que aunque las rebajas de 2018 y 2019 sumarán una caída del ocho por ciento en este impuesto en dos años, el PP no renuncia a que la rebaja del IBI llegue al diez por ciento.
Frente a ello, González Rojas ha criticado que "la derecha" que representan el PP y Cs esté "chocando los cuernos a ver quién baja más los impuestos", cuando "si bajamos los impuestos, perderemos capacidad de inversión".
Por Participa, Julián Moreno avisaba de que resulta "imposible reducir la carga fiscal y a la vez incrementar los ingresos", lo que le ha llevado a avisar de que las reducciones fiscales acordadas entre el Gobierno local del PSOE y el PP "no son responsables con la Hacienda Municipal".
En cuanto a Cs, Millán ha recordado que gracias a los acuerdos suscritos entre el Gobierno local del PSOE y Cs, el IBI se redujo un tres por ciento este año y ya estaba prevista otra reducción del tres por ciento para 2019. Por eso, ha precisado que el acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE implica reducirlo "un dos por ciento" adicional en 2019.
Finalmente, desde las filas socialistas el propio alcalde, Juan Espadas, ha pedido al PP y Cs que no se embarquen en una "subasta de rebajas fiscales" y ha recordado que la aprobación del proyecto presupuestario de 2018 gracias al voto a favor del PSOE y Cs y la abstención del PP es "fruto de un acuerdo a tres". Además, ha acusado al PP de no "seguir esa política fiscal" descendente cuando gobernó, insistiendo en que el Ayuntamiento "puede permitirse" estas reducciones fiscales al "haber mejorado la capacidad de ingresos", toda vez que la medida ha sido aprobada con el voto a favor del PSOE, el PP y Cs y el voto contrario de Participa e IU.
La Corporación local ha debatido por último la operación destinada a promover una nueva recalificación del edificio de la antigua comisaría de la Gavidia, de titularidad municipal, para que admita usos terciarios y volver a ofrecer el inmueble al sector privado a cambio que el adjudicatario del inmueble costee la rehabilitación del antiguo convento de San Hermenegildo y la reurbanización de la plaza que separa ambas construcciones.
Al respecto, Beltrán Pérez ha recordado que corresponde al alcalde "decidir qué uso" específico atribuir a este edificio aún calificado para uso de interés público y social. Eso sí, ha avisado de que el edificio necesita "un uso cuanto antes", con lo que si el primer edil demora dicha decisión, el PP hará su propia "propuesta", pues la reutilización de este céntrico edificio es "muy importante".
Pero para González Rojas, la operación constituye "un caramelo envenenado", porque el casco histórico necesita "equipamientos públicos" y se "subvierte" el acuerdo plenario en el que se desistió la recalificación impulsada por el anterior gobierno local del PP para que el inmueble acogiese usos comerciales y se "garantizaba" su destino para el "interés público y social".
Del mismo modo se ha pronunciado Susana Serrano, que ha criticado que se pretenda "subastar" el edificio para el sector privado, cuando el propio planeamiento urbano le atribuye usos "sociales y culturales". "Es la vergüenza de este mandato", ha llegado a reprochar al alcalde.
En el caso de Cs, Millán ha opinado que el edificio debería acoger un "espacio de economía digital", reclamando que si finalmente va a ser ofertado de nuevo se "limite" su uso "a servicios terciarios y de interés público y social", pues a su juicio en el planteamiento sometido a debate "cabe de todo".
Espadas, de su lado, ha defendido la operación alegando que "no hay presupuesto público suficiente" para restaurar la antigua comisaría y el antiguo convento de San Hermenegildo "necesita una rehabilitación urgente" para su aprovechamiento como espacio sociocultural. La propuesta, así, ha sido aprobada con el voto a favor del PSOE y el PP, la abstención de Cs y el rechazo de Participa e IU, toda vez que Beltrán Pérez ha celebrado los "cuatro logros" aprobados durante el pleno, apelando al PSOE a alcanzar nuevos pactos.
