La consejera de Justicia, Rosa Aguilar, y el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, han renunciado a la idea concebida en 2003 por Monteseirín y Carmeli Hermosín de ubicar la Ciudad de la Justicia en los Gordales, después de que Patrimonio del Estado se negase a un desarrollo parcial de la Unidad de Ejecución.
Ha de recordarse que Monteseirín, en complicidad con la Junta, tuvo la ocurrencia de proyectar el complejo judicial sobre una parcela, los Gordales, de 39.308 m2, en gran parte de la cual se celebra la Feria de Abril y de los que 32.075 m2 (el 81,59%) pertenecen a Patrimonio del Estado y tan sólo 7.233 (el 18,41%) al Ayuntamiento, y ni un solo metro al Gobierno andaluz, la Administración responsable de su construcción.
Las dos Administraciones socialistas tenían la pretensión de edificarla por fases, empezando por levantar un primer inmueble en el suelo municipal, para así forzar a Patrimonio del Estado, con el que han mantenido diferendos tanto ante el Tribunal Superior de Justicia como ante el Supremo, a sumarse, o al menos a no obstaculizar, la erección del campus judicial.
Rosa Aguilar y Juan Espadas han tenido al menos la precaución y sensatez de preguntar antes de disparar. He aquí lo declarado por el alcalde al respecto: “El Estado confirmó que no podía autorizar una ejecución parcial de la parcela, la relativa a donde iría la Ciudad de la Justicia, sin saber cuál sería la urbanización total en su conjunto. Les expliqué que no era posible acometer en su totalidad la ejecución material de la parcela porque el traslado de la Feria de Abril al Charco de la Pava no está sobre la mesa, ni se le espera”.
Erradicar al PA
Todos estos años perdidos han sido la consecuencia de la política urbanística de Monteseirín, encaminada, como con las Setas de la Encarnación, a exterminar cualquier idea o proyecto emanado del Partido Andalucista, con el que estuvo coligado en su primer gobierno municipal (1999-2003), y a tratar de aparecer ante la posteridad como el artífice del supuesto advenimiento de la modernidad a Sevilla, con iconos arquitectónicos faraónicos y sin importar su coste, tales como la torre Pelli, la biblioteca en los jardines del Prado y la Ciudad de la Justicia en los Gordales.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla fue aprobado por la Junta el 19 de julio de 2006, pero obviamente un texto de tal magnitud y complejidad no se prepara de un día para otro, sino que su redacción se prolonga durante años.
El PGOU empezó a redactarse durante el primer mandato de Monteseirín, en que la Delegación de Urbanismo, con su brazo ejecutor, la todopoderosa Gerencia, siguió en manos de los andalucistas del PA. Pues bien, la Oficina del PGOU, que dirigía el arquitecto jerezano Manuel Angel González Fustegueras, ya empezó a proyectar en 2001 la construcción de la Ciudad de la Justicia en la banda Oeste del antiguo recinto de la Exposición Universal de 1992, en la isla de la Cartuja, entre el helipuerto sito enfrente del antiguo monasterio de Santa María de las Cuevas y el apeadero del AVE.
Razones a favor
La elección de este emplazamiento no fue baladí. En primer lugar, los suelos eran propiedad de la Junta de Andalucía, la Administración competente en materia judicial. En segundo lugar, ya habían sido urbanizados por la Expo, por lo que se ahorraba ese coste. En tercer lugar, estaban cercanos y bien comunicados con el resto de la ciudad a través de una vía rápida y de varios carriles como era la avenida de Carlos III, y del apeadero del AVE para el tren de cercanías y su futurible prolongación por el muro de defensa creando un anillo ferroviario conectable con el Metro.
Y, en cuarto lugar, con la construcción de la Ciudad de la Justicia en paralelo al río Guadalquivir se crearía una nueva fachada arquitectónica tanto para la isla de la Cartuja como para Sevilla por el Oeste, en línea con las ideas de arquitectos como Antonio González Cordón y Carlos García Vázquez de dotar de más vida a la isla con nuevos usos y no sólo administrativos (aquéllos preconizaban una zona complementaria comercial e incluso residencial, tema casi tabú éste desde el final de la Expo’92 porque no se quería propiciar la especulación y que “a posteriori” se trató de soslayar sobre el papel con la idea de que se levantaran sólo residencias para uso de investigadores del Parque Tecnológico).
Este era, pues, el proyecto andalucista de Ciudad de la Justicia, como también era andalucista el proyecto de mercado encargado al arquitecto José Antonio Carbajal para acabar con el provisional que duraba más de 30 años en la Encarnación (véase el artículo “Reescribir la historia”, publicado en esta misma sección), pero el PA fue desalojado del poder municipal tras las elecciones locales del 25 de mayo de 2003. Monteseirín prefirió pactar con la Izquierda Unida de Torrijos y desembarazarse de la molestia vigilancia y el contrapoder que suponían los andalucistas.
Tabla rasa
Obviamente para su mentalidad, tenía que hacer tabla rasa de todo cuanto se hubiera proyectado bajo el mandato del PA en Urbanismo, de ahí el abandono, con un elevado coste en pago de indemnizaciones, del proyecto de “modesto” mercado en la Encarnación, que tenía un coste estimado de 30 millones de euros, por el faraónico de las Setas, al precio de 138 millones, y el total olvido de la Ciudad de la Justicia en la isla de la Cartuja.
Una de las primeras decisiones que adoptó Monteseirín apenas tomar posesión como alcalde por segunda vez fue el anuncio de la eliminación de la Comisión de Seguimiento del PGOU el mismo día (26 de junio de 2003) en que nombró a su valido, Manuel Marchena, como gerente de Urbanismo, a fin de imponer un nuevo relato urbanístico en la ciudad, como si se partiera de cero y no se hubiera hecho nada anteriormente, nada pues que mereciera seguimiento alguno.
Y tras el tiempo muerto del caluroso verano sevillano, el 7 de octubre el alcalde firmó con la entonces consejera de Justicia, Carmeli Hermosín, un protocolo para construir la Ciudad de la Justicia en los Gordales, el suelo que Patrimonio del Estado había cedido a la ciudad en 1967 para la Feria de Abril al haberse quedado ya pequeño el Real en el Prado de San Sebastián. De esta manera se liquidaba definitivamente el proyecto andalucista en la Cartuja y la Ciudad de la Justicia pasaba a ser exclusivamente socialista, impulsada al 100% por dos gobiernos del PSOE, el del Ayuntamiento y el de la Junta de Andalucía.
Monteseirín y Hermosín declararon entonces que la parcela de la Feria de Abril era la “más idónea y conveniente en función de la organización urbanística de la ciudad y dejando al margen cuestiones como el uso del terreno (para el festejo) y su propiedad (el 81,59%, del Estado)”.
El Charco de la Pava
El entonces alcalde trató de justificar la elección de los Gordales con el argumento de que el Consistorio proyectaba el traslado de la Feria (“no es un capricho, sino una necesidad”, decía) al Charco de la Pava, con lo que así se liberaría el terreno del campo de Los Remedios para construir allí la Ciudad de la Justicia. Monteseirín también quería pasar a la historia como el artífice de un nuevo recinto feria,l amparándose en que había 1.200 solicitudes de caseta pendientes. Y aunque sus técnicos le prepararon dibujos de casetas de hasta varias plantas, como si fueran los autobuses de Londres, con el traslado de la feria al Charco de la Pava sólo se podrían haber ganado 255 módulos, esto es unas cien casetas más (en Los Remedios había 1.047).
El coste de construcción de las nuevas infraestructuras para el Real y de una pasarela sobre el río para acceder a la Calle del Infierno, en la otra orilla, se estimó en el menos 30 millones de euros. Repárese en el disparate económico: gastar 30 millones de euros para a la postre disponer de tan sólo un centenar más de casetas, con lo que el coste de cada una para las arcas municipales habría sido de 300.000 euros.
A ello había que añadir otro factor del que no se hablaba: los terrenos del Charco de la Pava eran y siguen siendo inundables, como cuatro años después de la Expo-92 volvió a recordar el Guadalquivir al cubrir con sus aguas la Vega de Triana.
El convenio con la CHG
Y en el colmo de los despropósitos, al año siguiente del protocolo firmado con la consejera para la sede judicial en los Gordales, Monteseirín firmó (2004) un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la ejecución de trece proyectos urbanísticos, de los cuales nueve iban a ser parques periurbanos. Uno de ellos, en el Charco de la Pava, ¡con lo cual no se podría trasladar allí la Feria ni por tanto liberar el suelo de los Gordales para la Ciudad de la Justicia!
Un dislate tras otro que (pleitos aparte del Estado contra la Junta por el aprovechamiento lucrativo del suelo de los Gordales) obligó a ir retrasando el anunciado traslado de la Feria al Charco de la Pava, hasta que en 2010 la delegada de Fiestas Mayores, Rosamar Prieto, reconoció que el coste de la implantación de la Feria a orillas del río era inasumible para el Ayuntamiento.
Lo mismo que ahora ha ratificado Espadas al liquidar los disparatados proyectos de Monteseirín (la Ciudad de la Justicia al campo de la Feria y la Feria al Charco de la Pava), que con tal de que no se hiciera en la Cartuja el proyecto concebido con el PA en Urbanismo ha condenado durante 17 años ( y los que aún quedan) a Sevilla sin Ciudad de la Justicia.
