El Juzgado de Instrucción número 6 de Málaga ha archivado la causa en la que se investigaban presuntas irregularidades en las ayudas de fondos públicos recibidas por las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), recogidas en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía correspondiente al periodo 2010-2012.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se concluye que no queda acreditada la comisión de los delitos de malversación y prevaricación, investigados en la causa; señalando que aunque el trabajo de dichos consorcios "pueda considerarse poco eficaz", ello no supone un ilícito penal, quedando "acreditado que se ajustaba a la normativa legal que acordó su creación".
La decisión del sobreseimiento provisional de la causa, que es firme, se produjo tras pedirlo la Fiscalía respecto de las seis personas investigadas, entre ellas varios exdelegados provinciales de Empleo, como Juan Carlos Lomeña; al considerar que las subvenciones recibidas "fueron destinadas al pago de salarios de personal" y no habiendo datos de que se dirigió a otros destinos.
En este procedimiento se investigaron presuntas irregularidades, recogidas en dicho informe de fiscalización, referidas "tanto a la ilegitimidad de la obtención de las subvenciones" por los consorcios Utedlt analizados "como a la falta de un control de las mismas", cuestionando también el pago de incentivos. En Málaga eran 14 las unidades de empleo.
La Fiscalía remitió el caso al juzgado y pidió varias diligencias. Además, se realizaron informes por parte del grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, en los que se señaló que la documentación recibida era "insuficiente" para acreditar que se hubieran hecho las actividades correspondientes y concluían que no se podía comprobar la aplicación de todo el dinero.
Sí se pudo analizar con la documentación existente que "los gastos que se realizaron cumplen los requisitos de forma exigidos según el sistema normalizado" y que "se ajustaban a lo establecido en términos generales como funciones y trabajo diario" del personal de los consorcios, "no observándose que se hayan destinado a sufragar gastos extraños".
Tras estas averiguaciones, el juzgado determinó en su auto que "es cierto que por motivos fundamentalmente del mal funcionamiento de los programas informáticos que estaban previstos para el control del funcionamiento de las Utedlt existieron algunas deficiencias en el control y vigilancia de los trabajos efectuados y por quienes debían velar por el correcto funcionamiento de las mismas".
Pero añade que eso "en ningún caso puede determinar la existencia de un fraude de subvenciones o dar lugar al delito investigado", apuntando que los agentes locales de promoción y empleo --conocidos como Alpes-- manifestaron en sus declaraciones que ejercían su jornada laboral y que aunque en "muchos casos" el trabajo "era escaso", dedicaban el resto de las horas a labores encomendadas por los consistorios.
En conclusión, el instructor considera que "el hecho de que el trabajo llevado a cabo por los consorcios pueda considerarse poco eficaz o poco práctico en algunas ocasiones no puede servir de base para poder afirmar la existencia de ilícito penal", ya que "ha quedado acreditado que en todo caso se ajustaba a la normativa legal que acordó su creación y regulaba su funcionamiento".
