El alcalde de El Puerto de Santa María, David de la Encina, ha agradecido la voluntad de la Junta de Andalucía para proceder con celeridad a la declaración de ruina de uno de los bloques de la barriada José Antonio, acuerdo alcanzado en la reunión mantenida con el delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández.
En los bloques posteriores, el acuerdo es seguir intentando el camino que se ha iniciado de la negociación individualizada de cada de las menos de 10 familias que viven allí, pero dejando claro que “finalmente también pondremos en marcha el procedimiento de declaración de ruina y posterior demolición”.
Según ha explicado el primer edil, “ya son muchos los años que aquella barriada dejó de ser un centro de convivencia y pasó a ser un problema para toda la ciudadanía. Y después de todos los pasos que hemos estado dando la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, posibilitando el realojo de la inmensa mayoría de las familias al bloque nuevo de Santa Clara, ya tenemos la rotunda determinación de que José Antonio no puede seguir siendo un problema para la ciudad. Por eso, además de seguir intentando la negociación individualizada con las familias que aún vive allí o tienen algún título de propiedad, aunque no resida en esta barriada, vamos a iniciar el procedimiento de la declaración de ruina de estos bloques para su demolición lo antes posible”.
El objetivo de la medida es buscar la recuperación “de un espacio importante para la ciudad y no el mantenimiento de un bloque que no sirve para vivienda y que es una fuente permanente de conflictos para esa zona”.
Por eso, la determinación administrativa, tanto de la Junta como del Ayuntamiento, ya está tomada. “Por tanto los plazos de intervención serán lo más rápidos posibles, aunque hay que tener en cuenta que son procedimientos reglados, en los que los propietarios tienen derechos, en los que hay que hacer anuncios y publicaciones por lo que no va a ser posible su demolición en una semana o el mes que viene, pero sí existe el compromiso para tener resuelto el expediente de declaración de ruina entorno al mes de agosto o septiembre y, a partir de ahí, proceder a su demolición en su caso”.
Finalmente, ha recordado que “son muchos los años en los que la ciudadanía venía pidiendo a voces que se tomaran soluciones y mi Gobierno y el de la Junta de Andalucía vamos a actuar conforme a la ley, con respeto a los derechos de quienes están allí pero, desde luego, conscientes de que el bien superior de la ciudad debe prevalecer y, por tanto, la ciudad debe seguir creciendo”.
