El portavoz de la Ejecutiva provincial del PSOE de Huelva, Manuel Domínguez, ha dejado claro este martes que es la Dirección General de Costas y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente quien tiene la competencia exclusiva en la regeneración de las playas, de hecho son los responsables de las obras. Por ello, no entiende la polémica generada, ya que la Consejería de Medio Ambiente se ha limitado a informar de los puntos en los que el Ministerio propuso extraer arena para regenerar playas. Así, le ha pedido al Gobierno central “cordura” y que actúe “sin demoras” para que estén listas cuanto antes porque “tienen autorización desde abril y no empezaron hasta ayer”.
Según Domínguez, “la Junta de Andalucía ha dado el visto bueno a todos los puntos solicitados por el Ministerio para la extracción de arena excepto a uno por motivos ambientales, a la Flecha del Rompido en Huelva; y otro por el perjuicio enorme de extraer arena del Placer de San Jacinto, frente a la desembocadura del Guadalquivir, para especies como la chirla, la acedía y el langostino y para cientos de familias que viven de la pesca en el Golfo de Cádiz”.
Por ello, “no entendemos –ha apuntado el portavoz socialista- la insistencia de la Subdelegación del Gobierno en Huelva por dragar la zona del Placer de San Jacinto cuando hay otros puntos autorizados para la extracción de arena y que no suponen ningún riesgo”. Una postura que nos lleva a que nos preguntemos “si realmente al PP le da igual el sector pesquero y que se dañen esos caladeros”.
Asimismo, Manuel Domínguez ha reclamado al Gobierno central que “deje de mentir y de enredar y que propongan otros puntos si creen que lo que hay no es suficiente para la extracción de arena y el arreglo de la costa dañada. Han empezado en una playa, ahora debería callar y actuar en todas en lugar de crear crispación y confusión entre los ciudadanos”.
Y lo que deben saber todos los onubenses es que “este asunto es de absoluta responsabilidad del Gobierno central, cuyos representantes están rebajando al mínimo el prestigio y la credibilidad que tiene que tener la Administración General del Estado”.
