La Consejería de Fomento y Vivienda, a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), rehabilitará fincas privadas del casco antiguo de Cádiz, que estén habitadas, y a cambio recibirá viviendas en los edificios en los que se actúe. Para ello, se ha realizado una convocatoria pública a la que podrán acudir propietarios de fincas que requieran intervención presentando sus ofertas. El precio máximo de inversión en obra, cuya contrapartida serán las viviendas que pasarán a formar parte del parque público autonómico, se ha fijado en 680.000 euros.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda en Cádiz, Federico Fernández, ha destacado lo novedoso de esta iniciativa, con la que “la Junta de Andalucía quiere seguir contribuyendo a solucionar el problema de la infravivienda existente en el casco antiguo de la ciudad”.
Con esta fórmula, la Consejería de Fomento y Vivienda quiere retomar la intervención rehabilitadora en edificios que son de titularidad privada, circunstancia por la cual la Junta no puede intervenir de otra manera que no sea mediante el acuerdo con la propiedad. “De esta manera, la Agencia de la Vivienda asumirá las obras y realizará después una permuta de los trabajos realizados por viviendas que pasarán a formar parte del parque público autonómico en alquiler”, ha explicado el delegado.
Fernández ha destacado “el esfuerzo que está realizando la Administración autonómica en la búsqueda de fórmulas novedosas y alternativas a las ya existentes para poder dar respuesta a la falta de viviendas y a la limitación de suelo para uso residencial en Cádiz capital". "Es una propuesta interesante para muchos propietarios, que podrán recuperar sus fincas, ponerlas a punto y mantener parte del patrimonio original, sin que para ello sea imprescindible que tenga liquidez”, ha precisado.
Para poder someterse a una rehabilitación integral que mejore la funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las infraviviendas, las fincas deben presentar graves deficiencias relativas al estado de conservación de los elementos de cimentación y estructura, cubiertas, azoteas, fachadas, medianeras y elementos en contacto con el terreno, así como en las instalaciones de saneamiento, abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones, en relación a su dotación o adaptación a la normativa vigente.
También podrán acogerse a la convocatoria, publicada hoy en BOJA, aquellos inmuebles que precisen una mejora de la disposición y dimensiones de espacios interiores, así como la dotación de los mismos, incluyéndose actuaciones que beneficien sus condiciones de ventilación e iluminación natural cuando sean necesarias para garantizar la funcionalidad básica de la vivienda resultante. Quedan excluidos de esta convocatoria aquellos edificios que necesiten una mayor inversión para su rehabilitación, así como las propuestas de rehabilitación de solo una parte del inmueble y los locales comerciales.
Los interesados podrán presentar una oferta por edificio completo, que deberá ser un inmueble plurifamiliar total o parcialmente ocupado por al menos un inquilino que destine la vivienda a domicilio habitual y permanente de su unidad familiar y cuyo contrato de arrendamiento sea anterior a la ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
El plazo de presentación de ofertas concluirá el 31 de julio y su apertura se ha fijado para el 4 de septiembre de 2018, en acto público. Por cada propuesta se calculará un valor o precio unitario que resultará de la división del importe total de la inversión necesaria para la rehabilitación de cada edificio por el total de metros cuadrados construidos de vivienda que se ofrece a la Junta y se establecerá un orden de preferencia en función de dicho parámetro, adjudicándose a la oferta que presente mejor relación calidad-precio, es decir, la que suponga un menor precio unitario.
