El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado la resolución judicial que concedió a la Sala Prince el aumento de aforo a 1.006 personas, frente a las 251 que tenía, por entender que una actividad de estas dimensiones queda fuera de la ordenación urbanística, especialmente de la que afecta a este casco histórico.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA estima así el recurso interpuesto por la Asociación Plataforma Vecinos del Realejo, que alegaba que este incremento de aforo en casi 800 personas va en contra del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y del Pepri Centro, "que establece como usos prohibidos en su ámbito las discotecas y salas de fiesta".
El TSJA expone que esto mismo ya lo recoge incluso la propia resolución que concedía, como medida cautelar, el aumento de aforo a la discoteca, situada en la plaza del Campo del Príncipe.
Advierte así de que, en realidad, la adopción de esta medida supone otorgarle "no sólo la calificación ambiental para un aforo de 1.006 personas", como ha hecho la administración, sino también la autorización de funcionamiento con ese número de clientes, "a pesar de los obstáculos que para ello suponen la aplicación del planeamiento urbanístico".
El alto tribunal andaluz estima que debe "darse preferencia al interés público" frente al interés particular de la sala de fiestas, que se centra en el desarrollo efectivo de una actividad con un aforo ampliado "para la que cuenta sólo con calificación ambiental favorable, pero que no está avalada" por la aplicación de la normativa".
Desde la plataforma de vecinos han aplaudido esta sentencia, que se enmarca en los seis procedimientos judiciales que tienen abiertos contra esta discoteca porque, según alegan, está "empeorando su calidad de vida". Y es que, afirman que el "ruido, la suciedad y el consumo de drogas" que se derivan de su actividad ya está favoreciendo que "la gente se vaya del barrio" convirtiendo sus viviendas en apartamentos turísticos.
El colectivo lleva "tres años luchando" desde que en 2015, cuando la sala tenía un aforo de 161 personas, cambió de dueños y se acometió una gran remodelación que a su entender está fuera de ordenación. Hasta la fecha han presentado 300 denuncias ante el Ayuntamiento por supuestas irregularidades detectadas sobre la ampliación de local y lamentan que el consistorio "esté siendo un enemigo y no un aliado" en este asunto.
"La normativa medioambiental va dirigida a hacer más amables los cascos históricos y condena a la extinción a esta clase de locales, que en caso de funcionar, no se les permite hacer ampliación de instalaciones ni de aforo", advierten, por lo que reclaman apoyo de la administración local para "proteger" el entorno histórico.
