El concejal del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, José Blas Fernández, presentaba este lunes un escrito al alcalde de la ciudad, José María González, por el cual pedía que en el plazo de 15 días, según la legislación vigente, “emita la correspondiente certificación del silencio producido” ante el recurso de reposición presentado contra el decreto de la Alcaldía del pasado mes de julio por el que se formulaba el orden del día para el Pleno en el que se aprobaban los presupuestos municipales.
El pasado mes de agosto, el grupo popular del Ayuntamiento de Cádiz señalaba que los Presupuestos municipales para 2018 se han aprobado de “manera irregular” y, por ello, presentaron un recurso de reposición. A juicio de Fernández, los presupuestos se aprobaron “en un pleno extraordinario que se ejecutó con defecto de forma” por lo que se presentaba un recurso de reposición para que el Gobierno local “vuelva a iniciar el procedimiento y en el caso de que haya 'silencio negativo' a este recurso, desde el Partido Popular acudiremos a los juzgados de lo Contencioso Administrativo”.
Pese a que “alerté al alcalde, José María González, de este fallo de forma, éste me dijo que no era amigo de los formalismos, así que tendremos que ir a los tribunales y paralizar estos presupuestos siete u ocho meses”, manifestó entonces el edil.
“Nos encontramos ante una situación de inseguridad jurídica en el Ayuntamiento”, donde el alcalde tiene que “resolver este recurso de reposición”. Tuvo un mes para resolverlo, “no lo ha hecho y me da la opción de pedir una certificación de acto”.
Asimismo, destaca que “ahora nos encontramos con que como no se ha resuelto, la situación es muy anómala y el contencioso puede suspender todo el acto porque ha habido una presunta prevaricación. Si el alcalde tiene que resolver y no lo hace, ha vulnerado la ley, no ha resuelto porque lo tiene perdido y feo”.
Los populares esperarán 15 días para que “me dé el certificado y a partir de ahí irme al contencioso y pedir la suspensión del acto”. El concejal del PP no comprende por qué no contesta, “por qué hace un silencio administrativo, por qué ha silenciado el recurso... Algo hay”. Fernández confía en que no sean los técnicos quienes tengan la responsabilidad. Lo más probable, según Fernández, es que “acudamos al contencioso y pidamos la suspensión del acto”, aseguró.
