Bombas para Arabia Saudí y tranquilidad para la Bahía de Cádiz

El Gobierno ha decidido mantener el contrato de venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí porque "no ha encontrado ninguna razón" para incumplirlo, una medida que ha llevado a los trabajadores de Navantia a parar sus movilizaciones.

El encargado de confirmar el mantenimiento del contrato ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha evitado polemizar "en público" con la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se opuso a la venta de las bombas.

El Ministerio de Defensa avanzó el pasado 4 de septiembre que se cancelaría el contrato y que se devolverían los 9,2 millones de euros abonados por este material, dejando así sin efecto el contrato firmado entre España y Arabia Saudí en enero de 2015.

Sin embargo, el Gobierno precisó después que ese contrato de venta de armas estaba en estudio, que no se había adoptado una decisión en firme y que su cancelación era una mera declaración de intenciones por parte de Defensa.

La cancelación de la venta de las bombas puso en peligro el contrato de Arabia Saudí para la compra de cinco corbetas a la empresa Navantia, cuyos trabajadores han protagonizado desde entonces una oleada de protestas.

Hoy, la plantilla del astillero de San Fernando (Cádiz), encargado de construir los buques, ha acordado en asamblea suspender las movilizaciones. El presidente del comité de empresa, Jesús Peralta, explicaba que "parece ser que el Gobierno ha agilizado las gestiones y que la diplomacia española ha hecho su trabajo".

Peralta ha añadido que ha sido la plantilla la que ha conseguido que el Gobierno sea capaz de rectificar y de "llevar su política industrial por buen camino" y ha confiado en que "no haya ningún obstáculo más".

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha contactado esta mañana con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para agradecerle que se haya conseguido "dar seguridad" a los 6.000 trabajadores de los astilleros de Cádiz.

También la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, se ha referido a la decisión del Ejecutivo de mantener el contrato de venta de bombas y ha asegurado que "es importante que España cumpla sus compromisos".

El Gobierno, ha dicho Batet, "tiene la obligación de garantizar los puestos de trabajo en una industria capital para nosotros, como es Navantia", y que haga también "los controles necesarios, revisando lo que se considere oportuno, si hay algún contrato que requiera ese control".

Según ha explicado Borrell, el Gobierno no ha encontrado motivos para rescindir el contrato; ante el argumento de que Arabia Saudí podría utilizar las bombas contra la población civil de Yemen, ha recordado que ese armamento es de precisión y, por tanto, no provoca efectos colaterales.

"Este contrato está firmado hace tres años. Ha pasado tres veces por la comisión interministerial que autoriza la venta de armas y no hemos encontrado ninguna razón para no cumplirlo", ha recalcado el ministro de Exteriores.

En el lado contrario, Julio Rodríguez, secretario general de Podemos en Madrid y exjefe del Estado Mayor de la Defensa, ha instado al Gobierno a "cumplir la ley", que, ha dicho, "establece que no se puede vender armamento a países implicados en conflictos o que violen los derechos humanos".

Contra el argumento del riesgo de que Arabia Saudí cancelara el contrato con Navantia, Rodríguez ha dicho que "no hay que asociarlo únicamente a un contrato, porque, si no, nunca salimos de esta".